Ante el actual contexto de sobre-explotación de los recursos naturales y saqueo del patrimonio nacional, el Jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA hace un llamado a través de un artículo en el diario El Comercio para fortalecer las medidas de control en el país.
Urge repotenciar la policía ecológica
La urgencia de movilizar a la Policía Ecológica es un clamor nacional por el aumento de la tala ilegal impulsada por la demanda de cedro y caoba. Las mafias madereras se organizan en grupos de 20 o 30 hombres, dotados de modernos equipos de transporte, bien armados y apoyados por empresas legalmente constituidas. La Policía Ecológica tiene 30 miembros y sólo cinco de ellos tienen la misión de desarrollar labores de vigilancia y control en tres cuartas partes del territorio nacional.
Increíble, pero cierto. Hay escasez de policías para defender nuestros recursos naturales de la depredación forestal. Los extractores ilegales se valen de peones sumidos en la pobreza para sacar la madera de cualquier lugar, sea una reserva, un territorio comunal o un bosque cualquiera, sin pagar un derecho a nadie.
Frente a este cuadro dramático, el INRENA solicitó al ministro del Interior brindar mayor apoyo a las acciones contra la tala ilegal. La respuesta tarda, la paciencia se agota, pero el optimismo se mantiene firme. El INRENA realizó un informe sobre la Problemática de Control y Vigilancia Forestal, mediante el cual se enfatiza la necesidad de repotenciar la Policía Ecológica a fin de que sus funciones se canalicen a través de un Comité Ejecutivo de Control y Vigilancia Forestal, integrado por personas de la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre y miembros de esa unidad policial. Para optimizar las acciones de vigilancia y control forestal se requiere un trabajo coordinado entre el INRENA y la Policía Ecológica.
Actualmente, su capacidad operativa es nula. Repotenciar esta unidad policial incluye fortalecer sus recursos humanos en la capacitación de su personal y en la asignación de recursos materiales y económicos que aseguren un eficiente y eficaz cumplimiento de su misión. Los extractores ilegales forman una cadena cerrada y cómplice para lograr sus objetivos ilícitos, arrastran en su propósito a las estructuras orgánicas y funcionales de la administración pública. Crea estrategias dentro de las poblaciones colindantes con los bosques o con las que recluta en ámbitos sociales de extrema pobreza.
Las limitaciones presupuestales del INRENA impiden que se desarrollen operaciones a la escala y en el tiempo adecuado. La urgente necesidad de detener el descremado de los bosques que se realiza a través de la tala ilegal debe implicar la colaboración de otros sectores, como la Policía Nacional. Debe quedar establecido como una actividad de ejecución permanente, para lo cual es necesario que la Policía Ecológica recupere el estatus que ostentaba la Policía Forestal, con las siguientes características: velar por el cumplimiento de los dispositivos legales para la conservación y uso racional de los recursos forestales; prevenir, investigar y denunciar las infracciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; ejercer las funciones de Policía de Turismo en las unidades de conservación, bosques nacionales y bosques de protección, entre otras.
Es duro decirlo, pero en el Perú se deforestan diariamente 725 hectáreas de bosques y hasta el año 2000 se han deforestado 9,5 millones de hectáreas siendo la tasa media anual de deforestación 261.158 hectáreas. Es urgente que la Policía Ecológica recupere el nivel que le corresponde, a fin de que el INRENA pueda contar con un organismo policial especializado, dotado de los recursos y herramientas indispensables que le permitan cumplir a cabalidad sus funciones.
CÉSAR ÁLVAREZ FALCÓN
Jefe del INRENA
Fuente: El Comercio 30 de junio, 2003