Síntesis de los hechos ocurridos en la reserva de General Pizarro (Lotes 32 y 33)
La reciente desafectación oficial de una reserva natural provincial en la Provincia de Salta, Argentina, la reacción en contra de la gente y de las ONGs y el desenlace resuelto en la decisión del gobierno nacional de rescatar a la reserva mediante una colecta pública para readquirir los terrenos rematados, roza varios núcleos de discusión en biología de la conservación.
El caso involucra al debate Parques & Gente, inflamado a partir del World Park Congress en Durban, en el que se planteó -entre otras cosas- que las áreas protegidas quitan tierras aptas para la producción de alimento a la gente, en un escenario de hambre. También, en un plano más general, involucra a la utopía del desarrollo ambientalmente sustentable.
El caso mencionado tuvo mucha prensa, pero lamentablemente, los argumentos esgrimidos enfocan el problema desde posiciones extremas, arrojando luces laterales en el análisis y provocando sombras en otros campos de conocimiento, con la consecuente manipulación de la realidad.
Esta noticia pretende aportar una visión más integral a este caso. Para ello, haremos una reseña de los hechos, un análisis desde varios enfoques y unas conclusiones finales \”la mirada de ParksWatch\” en donde queda claramente expresada nuestra posición en el tema, separada de los hechos analizados.
Características de la reserva — La ubicación de la reserva provincial salteña en la imagen LANDSAT TM de la figura muestra el avance de las tierras de cultivo (rectángulos predominantemente lilas) sobre el medio natural, incluyendo parte del interior de la reserva (registrada como lotes 32 y 33 y creada en 1995 por Decreto Provincial 3397).
La reserva, de 22500 ha, conserva un fragmento de la transición natural entre las Yungas (12500 ha) y el Chaco (13000 ha), contribuyendo a la preservación del último tercio de bosque nativo que queda en la Argentina. Posee especies arbóreas de ambas ecoregiones, como el cebil, el lapacho y el cedro, el quebracho colorado, quebracho blanco, el algarrobo y el mistol. En cuanto a fauna, se distinguen tucanes, corzuelas, pecaríes, monos y armadillos entre las especies más conspicuas. Es área de posible residencia o invernada del loro hablador (Amazona aestiva). Constituye el único sustento natural de un pueblo originario, la etnía wichí, así como de comunidades criollas de larga data en la zona. Puede homologarse a la categoría VI de la IUCN (Area protegida con recursos manejados).
La desafectación– Hace aproximadamente un año, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, desafectó el área natural protegida, las dividió en parcelas y las puso en venta, instando a los productores agropecuarios a comprarlas para cultivar soja (Glycine soja), luego de que el gobierno desaloje a sus pobladores originarios. La reserva fue dividida en siete lotes, fue rematada y adjudicada a productores agropecuarios(1).
Reacción popular a la medida– La reacción de la población circundante de General Pizarro y de las ONGs no se hizo esperar. Miembros de Greenpeace, FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y la local Fundación Pro Yungas se movilizaron con fuerte lobby publicitario, político y acciones judiciales primero locales, luego federales para frenar la venta, los desmontes y los desalojos.
Argumentos del gobierno– El gobierno provincial manifestó -en defensa de la decisión adoptada(2) – que se trata de bosques con un cierto nivel de degradación situados en tierras aptas para el desarrollo productivo. Alegó que \”el principal recurso natural que queremos cuidar es el hombre, y con esta venta las tierras se convertirán en productivas y brindarán trabajo a mucha gente\”. Se acusó a los organismos ecologistas de \”defender intereses ajenos y oponerse al desarrollo y crecimiento de la Provincia\”.
En ese sentido, el Gobierno afirmó que las inversiones en la zona \”generarán nuevos puestos de trabajo(3)\”.
El rescate– Recientemente (mayo 2005), la Administración de Parques Nacionales, junto a Red Solidaria, Fundación Vida Silvestre Argentina y Greenpeace, lanzaron una colecta para comprar la reserva de Pizarro. Una campaña de recolección de fondos para juntar los 7 millones de pesos necesarios para volver a comprar la reserva.
El plan incluye la creación de una reserva nacional de uso múltiple que tenga un área natural de conservación estricta con una zona anexa destinada al uso sustentable del bosque por parte de esos pobladores. La iniciativa- fuertemente impulsada por Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre Argentina- ha recibido el apoyo público del Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Declaración de emergencia forestal– El 6 de mayo, la Cámara de Diputados pidió al Poder Ejecutivo Nacional que suspenda los desmontes hasta tanto se apruebe una ley de ordenamiento territorial que permita establecer criterios básicos para la explotación de los bosques nativos. La Cámara expresó que \”vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, arbitre las medidas tendientes a declarar la emergencia forestal nacional y en consecuencia disponer, en acuerdo con las provincias, la prohibición absoluta de desmontes de los recursos forestales nativos en todo el territorio argentino hasta tanto se sancione una Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los mismos\”. Algunas provincias como Córdoba, Santa Fe(4), Santiago del Estero y Entre Ríos han declarado de distinta forma medidas de moratoria a los desmontes.
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ENFOQUES
El enfoque socio-económico
¿Necesita la Argentina que su avance agropecuario se haga a expensas de las áreas protegidas?
En la Argentina se pierden anualmente unas 200.000 hectáreas de ambiente nativo debido al avance de la frontera agropecuaria(5), con énfasis en la demanda de tierras para el cultivo de soja. ¿Es esta pérdida indispensable o puede, en cambio, incrementarse la productividad de la superficie preexistente para producir más alimentos en la misma superficie?. La respuesta involucra al futuro de las áreas protegidas y otros ambientes naturales.
Con cerca de 40 millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria, la Argentina está entre los 10 países del mundo con mayor extensión de tierras cultivadas y tiene el 15% de las áreas irrigadas del mundo. Si lo medimos respecto de la densidad poblacional, la razón de 1,2 ha cultivadas per capita ubica a la Argentina en el tercer lugar en el mundo. Es un país que, a pesar de su ineficiencia en productividad por hectárea(6), produce alimentos para 10 veces su población.
Desde el punto de vista de superficies destinadas a la conservación, la Argentina se encuentra entre los países que poseen menor porcentaje de su superficie destinada a las áreas protegidas (0,013% en áreas protegidas nacionales -3.666.230 ha-, más 0,046% en áreas protegidas provinciales -12.824.412 ha)(7). Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que se trata de un extenso territorio (2.779.772 km²) con una gran diversidad ecológica y una frontera agrícola que se extiende con fuerte ímpetu. En el marco del conflicto de la desafectación de la reserva natural de Pizarro, la Asociación Argentina de Agronegocios, recordó públicamente a la ciudadanía que el agro argentino no necesita crecer sobre ningún área protegida.
Analicemos un poco \”los grandes beneficios\” que se le atribuyen al avance sojero, gran enemigo de las áreas protegidas.
El supuesto gran negocio del avance sojero ¿Es el volumen de cosecha un indicador de éxito?
El excedente en la balanza de comercio exterior de Argentina se sustenta en su condición de exportador de materia prima (trigo, maíz, girasol, sorgo y fundamentalmente soja). La última onda tecnológica introdujo el paquete de la soja junto con un sistema de dos cosechas al año en el mismo lote: trigo de ciclo corto en invierno y soja o maíz en verano. En los últimos años la soja se transformó en el principal cultivo de exportación de Argentina. Muchas provincias se volcaron masivamente a producir la leguminosa para el mercado mundial. Con la devaluación monetaria de 2002 los beneficios económicos se multiplicaron.
No obstante, se hacen públicos solamente los indicadores puntuales de prosperidad del campo, sin tener en cuenta, en el escenario económico los indicadores tendenciales del valor de intercambio, las fluctuaciones internacionales del precio de la soja, y para quiénes van realmente los beneficios(8), y en el escenario socio-ambiental la pérdida de diversidad alimentaria que implica la especialización de mercado, el costo en nutrientes naturales, la degradación de los suelos y la tasa de desmonte, y esto sin contar la pérdida de biodiversidad que implican todos los disturbios anteriores sumados. ¿A esto le llaman desarrollo sustentable? ¿Puede llamarse \”exitosa\” a esta política de manejo de recursos naturales a cargo de estos genios de la economía?. Analicemos puntualmente los indicadores no tenidos en cuenta:
1. Indicadores tendenciales del valor de intercambio
Una investigación del CESPA(9) señala las limitaciones estructurales del llamado \”boom de la soja\”, en un contexto internacional de restricciones comerciales y subsidios por parte de los países centrales. En el largo plazo y a dólares constantes se verifica un escenario tendencial de deterioro en los términos de intercambio, Esto es, la baja del precio de compra de las exportaciones de base agrícola. El aceite de soja- orgullo de las exportaciones argentinas- ha caído de 850 dólares por tonelada en 1984 a 160 en 200110.
2. Fluctuaciones internacionales del precio de la soja
El trabajo de Jorge Schvartzer, director del CESPA, destaca a la soja como un ejemplo de enormes fluctuaciones de corto plazo. En las últimas dos décadas el precio varió en una banda de flotación entre 150 y 350 dólares por tonelada, con picos de variación (suba y caída) de hasta un 70% en menos de un año. Un ejemplo de estos picos es el del 2003-2004, en sincronía con la desafectación del área protegida de General Pizarro (en 2004). Como cualquier fluctuación abrupta del precio de mercado, es obvio que no puede tener relación directa con el aumento en la demanda, ya que la demanda mundial no sube tan rápidamente.
3. Para quién van realmente los beneficios: ¿aumenta la calidad de vida del poblador rural(11)?
Datos del INDEC(12) muestran una fuerte caída en la cantidad de explotaciones agropecuarias en la comparación 1998-2002, evidenciando la tendencia a la concentración agraria por parte de grandes corporaciones, a pesar de que esto trata de enmascararse con parcelaciones ficticias.
El aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas optó por nuevas tecnologías (semillas transgénicas, siembra directa) y organizaciones empresariales de gran escala de producción, con la consecuente desaparición de muchos agricultores pequeños y medianos (hasta 200 hectáreas) que no pudieron ingresar al modelo sojero(13).
Los actores económicos que llevan a cabo esta transformación (Monsanto, Siderca, Novaris, DHL, Cargill, entre otros), obtienen una altísima rentabilidad debido a la altísima fertilidad natural de Argentina. Contratistas, terceristas, industrias agroquímicas, fabricantes de maquinaria, bancos, compañias de seguros.
La desaparición de una franja de productores que concentra a un alto porcentaje de la población rural derivó en un empobrecimiento muy significativo del escenario económico y social de poblados y ciudades intermedias.
4. Pérdida de diversidad alimentaria
El auge sojero ha derivado en un fuerte deterioro de la diversidad productiva. La especialización en el cultivo de un solo producto, la soja transgénica, de dudosa calidad nutritiva, destruye la soberanía alimentaria. Al disminuir la producción de leche y otros alimentos indispensables, sube el precio. Al subir el precio, las corporaciones alimentarias hacen mejor negocio importando esos insumos que comprando al productor local, deteriorando la economía, el nivel de ingreso de la población y, consecuentemente, menores posibilidades de satisfacer la demanda de una alimentación sana e integral. De aquí resulta que uno de los países exportadores de alimentos no pueda darle de comer a la mitad de su población.
En el Noroeste del país, en el Noreste y en la Región Pampeana, se observa un aumento del 138%, 86% y 60% respectivamente de la superficie implantada con oleaginosas (mayormente soja), y una significativa disminución de los cultivos de cereales y los industriales (la caña de azucar, la yerba mate, el té, el tabaco, la vitivinicultura)(14). Los cultivos industriales son el eje de desarrollo de las economías rurales regionales.
El nuevo esquema productivo ha supuesto una tremenda desindustrialización, y ha arrastrado a la economía a una primarización concentrada en unos pocos rubros agroproductivos(15). Las cosechas se vienen incrementando año a año, pero los resultados no se traducen en una mejora generalizada de la calidad de vida de la población, sino en un efecto contrario (éxodo rural, desocupación, desnutrición).
5. Costo en pérdida de nutrientes(16)
La llamada eficiencia productiva se sustenta en un subsidio natural en franco retroceso. Sólo con la soja, la Argentina supera las 34 millones de toneladas anuales, pero los cálculos económicos no tienen en cuenta que junto con los granos se extraen mecánicamente los principales nutrientes. Año a año la Argentina exporta gratuitamente alrededor de 3.500.000 toneladas de nutrientes que no se recuperan de manera sustentable. Walter Pengue ha calculado el valor de reposición de los nutrientes que se pierden año a año si los reemplazáramos con fertilizantes. Sólo en nitrógeno y fósforo el costo es de 909.340.000 dólares por año. No es difícil adivinar que cuando la riqueza natural se acabe, Argentina-para mantener su nivel de producción- dependerá fuertemente de la compra de fertilizantes a las mismas corporaciones que hoy dominan este modelo de producción insustentable. Y todo para vender una materia prima de precios descendentes y fluctuantes.
6. Degradación de los suelos
El avance desenfrenado del nuevo esquema productivo no sólo demanda nuevas superficies sino que tiene un efecto ambiental devastador para los suelos, ya que el modo de cosecha degrada la estructura edáfica que es la base de la fertilidad natural en la que se sustenta el principal desarrollo económico de Argentina. El uso insustentable del agua para riego provoca salinización y consecuentemente pérdida de fertilidad.
Los productores de Argentina tienen alta capacidad operativa, manejan maquinaria compleja, usan germoplasma singular y agroquímicos para el control de plagas. Sin embargo, contrariamente a todos los otros espacios de alta productividad agrícola del mundo ligados a la revolución verde, prácticamente no se riega suplementariamente ni se fertiliza ni con estiércol ni con agroquímicos(17). Tradicionalmente la explotaciones agropecuarias mantenían un sistema de abono por rotación de doce años en el que los cuatro años de ganadería, más los barbechos largos y el entierro del rastrojo en los seis años de agricultura, restituían la fertilidad, al menos parcialmente. El proceso de achicamiento de las unidades de explotación, el establecimiento de dos cultivos al año, la falta de inversión en fertilizantes y la política agropecuaria oportunista conducen inevitablemente a un colapso en la fertilidad de los suelos. El INTA ha detectado que en los últimos 15 años el contenido de materia orgánica disminuyó a la mitad (en los predios con rotación agrícola-ganadera disminuyó un tercio); el nitrógeno disminuye de 0,27% a 0,17% en campo con rotación agrícola-ganadera y a 0,12% en tierra cultivada más de 15 años; en el caso del fósforo asimilable el descenso es significativo tanto en la rotación agrícola-ganadera como en agricultura continua (más del 70% en ambos casos). En comparación con los otros países exportadores de cereales (USA, Sudáfrica, Canadá, Australia), el uso de fertilizantes por parte de Argentina es ínfimo (4,49 kg/ha de Argentina versus entre 28 y 90 kg/ha de los otros países).
La expansión agrícola de Argentina no está sustentada por la asignación de considerables recursos tecnológicos para incrementar la productividad por hectárea, ni de inversión en fertilizantes y otras medidas para proteger la productividad. Está irresponsablemente basada en la extraordinaria fertilidad natural de los suelos (principalmente los brunizem), en franco proceso de deterioro. Si persisten las tasas tendenciales de pérdida de nitrógeno, fósforo y materia orgánica, los niveles de fertilidad no permitirán volúmenes de cosecha compatibles con los rendimientos de un mercado internacional altamente competitivo.
7. Tasa de desmonte
En la central provincia argentina de Córdoba, la prosperidad del campo contrasta con un panorama ambiental desolador: el distrito ostenta la tasa más alta de deforestación de todo el país y hay numerosas localidades sin agua debido a las alteraciones climáticas provocadas por desmontes. Según el Ing. Araujo, se estima que en el último siglo, se destruyeron en Santiago del Estero más de 2.500.000 hectáreas de monte del Chaco semiárido. En los últimos diez años, desaparecieron otras 450 mil hectáreas de bosque: de éstas, 300 mil ha (un 60% del total) fueron destruidas en los últimos tres años. La superficie destruida en los últimos años se corresponde con el intenso avance sojero.
El enfoque legal
El consorcio de ONGs pidió al gobierno nacional intervención en el caso de la desafectación de la Reserva de General Pizarro. El gobierno respondió al principio que no intervendría por falta de jurisdicción (alegando que es provincial).
Del mismo modo, organizaciones ambientalistas plantearon a ese tribunal, una medida cautelar reclamando que se declare la inconstitucionalidad del proceso. Según el planteo, el gobierno provincial habría violado postulados constitucionales de preservación del ambiente, como tampoco habría cumplido con otros pasos como la realización de estudios de impacto ambiental. Asimismo, se advirtió que la desafectación de tierras de área protegida, \”sienta un antecedente jurídico nefasto\” ante el eventual remate de otras zonas con la misma característica.
¿Qué dice la ley?
En la Argentina hay distintas competencias jurisdiccionales entre la Nación y las provincias en lo que es (o debería ser) una base común de cuidado del patrimonio natural. A nivel internacional, la Argentina ha firmado el Convenio sobre Diversidad Biológica, cuya puesta en acción debe ser complementada por las provincias, los municipios, las instituciones públicas y el sector privado(18).
La Constitución Nacional, en su Art. 41 establece que \”todo ciudadano tiene derecho a un medio ambiente sano\” …\”las autoridades proveerán a la protección…de la diversidad biológica\”…\”corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas\”.
Por su parte, el Artículo 124 dispone que \”corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio\”. Este artículo reafirma el derecho de las provincias a decidir sobre sus recursos naturales y a responsabilizarse de su conservación.
La mirada de ParksWatch
El análisis de estos conjuntos de datos nos lleva a reflexionar porqué razón en la Argentina, con su enorme capacidad para producir alimentos, existe un sector de la población (cerca de la mitad!) con problemas de desnutrición. Los datos presentados sugieren que esta increíble realidad no puede atribuirse -como lo han hecho para el caso de Africa- a que las áreas protegidas estén usurpando espacios para la producción de alimentos. Más bien la explicación hay que buscarla no mirando en los últimos bastiones del mundo natural que quedan, sino poniendo la lupa en la estulticia política, en la insustentabilidad en el manejo de los recursos naturales, y en la concentración de los beneficios del éxito del mercado agropecuario.
Si por cada fluctuación positiva en el precio de un producto primario determinado (como el de la soja en 2003-2004) vamos a desafectar áreas protegidas, degradar suelos y destruir las bases industriales del desarrollo económico, poca esperanza tiene la Argentina de equipararse a las sociedades modernas, y mucho menos, de avanzar en el logro de un desarrollo sustentable bien entendido. Esto es, el logro de un sistema económico socialmente justo, que satisfaga las necesidades de calidad de vida de la población de una manera ambientalmente posible en el largo plazo.
Como los gobernantes toman sus decisiones de acuerdo a la presión de voto (y como la biodiversidad está proscripta en la votación), es altamente improbable que un gobierno provincial apoye medidas conservacionistas de largo plazo, impopulares a corto plazo (aunque en el caso de la reserva de Pizarro el gobierno se llevó una sorpresa). Como la ley da plena potestad a las provincias en la toma de decisiones respecto de sus recursos naturales, el sistema provincial de áreas protegidas muestra una enorme fragilidad a la amenaza de las decisiones demagógicas como las de Romero, gobernador de Salta.
La historia de la desafectación y rescate de la reserva de General Pizarro parece tener un final feliz para la conservación a partir del hecho de que el área protegida volverá a ser lo que fue. Digamos que entre el antes y el después nada cambió. Como toda buena historia tiene malos y buenos, héroes y arrepentidos, pueblos originarios, fauna y bosques amenazados por el avance de los inescrupulosos, pero -como en las películas- las fuerzas del mal son derrotadas por la voluntad del pueblo y todo vuelve a ser como en los viejos tiempos.
Lo que se ve aquí es que entre idas y vueltas, la decisión de Romero ha generado un mercado de compra-venta de tierras de entre dos y tres millones de dólares que sin ese \”error decisional\” jamás hubiese existido. Para crear demanda en el nuevo mercado inmobiliario conservacionista solo hace falta crear un peligro cinematográfico (en la trama el tiempo se agota terroríficamente(19)), de buenos indefensos contra malos poderosos. El negocio es comprar primero y barato (a precio de remate) y salir a vender después a precio fijo a donantes anónimos, en un acto de arrepentida redención, aprovechándose de los movilizados y a las ONGs bien intencionadas que puedan haber reaccionado. Una reserva natural con gato encerrado.
Por más limpia que pueda ser la maniobra de remate (y compra) y arrepentimiento posterior (y venta), podemos imaginar escrituras, mensuras, comisiones, viáticos, honorarios, transacciones bancarias, abogados, ONG, movimientos de miles de personas, periodistas, fotógrafos, auditores, policías, combustible…aumento de la entropía, energía consumida en mantener al sistema, y todo lo que genere un flujo de dinero semejante y sus colaterales. Por más limpio que haya sido todo en esta historia, genera un precedente tan peligroso como el remate en si, porque en vez de promover a la conservación genuina de nuestros recursos naturales, promueve a la especulación que llena y vacía siempre los mismos bolsillos.
El verdadero final feliz, en cambio, es lo que piden las ONGS a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la anulación judicial del remate y adquisición original de tierras de reserva provincial. Entonces, que el responsable del error decisional sea el que devuelva el dinero y pague costas y resarcimientos y que sirva de escarmiento y precedente para reestablecer la inseguridad jurídica creada por la provincia de Salta en materia de áreas protegidas provinciales. De este modo, todo vuelve realmente a como estaba y los 7 millones de pesos que se están pidiendo en la colecta pública -y los loables esfuerzos de la Administración de Parques Nacionales y las ONGs de apoyo- pueden ser reorientados para fortalecer al sistema federal de áreas protegidas en vez de para salir a la desesperada a inventar un remedio que en este mercado fenicio puede crear rápidamente \”adicción al rescate\”.
ParksWatch – Cono Sur
Author: Adrian Monjeau
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Notas:
1 Hemos averiguado que las empresas agropecuarias Curel, Ragone y MSU SA, Everest e Initium Aferro están entre las compradoras. No hemos tenido acceso confiable a información sobre el monto de las ventas.
2 Por su parte, el ministro de la Producción y el Empleo de Salta, Manuel Brizuela, manifestó que el proceso de venta de las tierras de estos lotes, que fueron divididos en siete parcelas, \”fue muy claro\”, con la \”participación de inmobiliarias y sin la intervención del gobernador u otros funcionarios\”.
3 Contrariamente, pobladores de General Pizarro aseguraron que la zona está rodeada de producción soja \”y aun así, la gran mayoría de los habitantes vive de economía de subsistencia, porque las ganancias que se obtienen no quedan en el departamento\”
4 Especialistas han relacionado el desmonte indiscriminado en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe con la inundación ocurrida en Santa Fe en 2004. De comprobarse esta relación, se constituiría en un ejemplo emblemático a favor de la preservación de los bosques nativos.
5 En menos de un siglo, la Argentina pasó de tener 106 millones de hectáreas de bosques nativos a 33 millones.
6 En cuanto a rendimiento cerealero por hectárea, la Argentina no llega a los 3000 kg por hectárea, muy por debajo del grupo lider (Holanda, Japón y Corea del Sur) que tienen rendimientos mayores a 5000 kg/ha), y por debajo del promedio mundial.
7 Computando datos de superficies de 303 áreas protegidas de distintas categorías de protección. En el sistema de parques nacionales, sólo 200.865 ha (0,0007% de la superficie nacional ) son de categoría I, y 2.584.391 ha (0,0093%) son de categoría II. En el sistema federal, de jurisdicción provincial, 637.391 ha (0,002%) son de categoría I y 562687 ha (0,014%) de categoría II. Es decir que sólo el 0,014% de la superficie nacional se halla bajo un régimen de protección estricta.
8 Esto en el ámbito de la controversia \”parques & gente\” ya que el principal argumento es que las áreas protegidas quitan tierras fértiles para que los agricultores circundantes puedan paliar el hambre (World Park Congress, 2001).
9 Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina. Funciona en la Universidad de Buenos Aires.
10 Datos de Susana Diaz, Agro 29/05/2005
11 Extractado de Norma Carriaga, Le Monde Diplomatique, mayo 2003
12 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina www.indec.mecon.ar
13 Con el anterior modelo de rotación, con 50 a 100 hectareas el poblador rural podía satisfacer con creces sus necesidades.
14 Censo Nacional Agropecuario.
15 Jorge Schvarzer \”Los desafios de la política industrial\” en Eliseo Giai y Juan Carlos Amigo (Comp.). En vez del modelo: Ideas para una estrategia de desarrollo nacional, IMFC-IADE, Buenos Aires, 2001.
16 Walter Pengue 2000 \”Transgénicos, Agricultura y Ambiente\” Gerencia Ambiental Nro. 90, Buenos Aires; Walter Pengue 2003 \”El vaciamiento de las pampas\” Le Monde Diplomatique.
17 J. Morello et al. (1991) ¿Granero del mundo hasta cuándo? Agricultura contínua y degradación ambiental en el núcleo maicero de la Pampa Argentina. Serie de Informes Nro 3 Universidad Nacional de Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados.
18 Andelman, M. Y J. García Fernandez. 2000. Una agenda para conservar el patrimonio natural de la Argentina. Resumen Ejecutivo para la propuesta de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad. Fundación C&M-FUCEMA-Grupo Nacional de Biodiversidad de la IUCN. Buenos Aires, Argentina, 80 pp.
19 \”En efecto, frente a la posibilidad de optar por la expropiación de las tierras vendidas-una solución drástica prevista en la ley, pero políticamente compleja y lenta- y ante la urgencia de la situación tras el anuncio del secretario de Medio Ambiente salteño de que en algunas semanas se autorizaría el avance de las topadoras para eliminar el bosque de transición entre las Yungas y el Chaco, que protegía la reserva, la Administración de Parques Nacionales ha optado por pedir ayuda a la sociedad, a través de organizaciones de bien público, para adquirir la mayor cantidad posible de los lotes que fueron rematados y agregar otros, con el fin de asegurar una superficie equivalente que proteja la biodiversidad y, a la vez, permita vivir dignamente en su paisaje original a los pobladores wichis y criollos\” (Extractado del Editorial de La Nación, 14 de mayo 2005, resaltado del autor).