Madera transportada hacia Iquitos por el río Amazonas, foto © ParksWatch-Perú
La extracción ilegal de madera, especialmente dentro de las reservas y parques nacionales, atenta contra el propósito de preservar las especies de fauna y flora que están protegidas y en algunos casos en peligro de extinción. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), con la ayuda de La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía del departamento de Ucayali, ha decomisado en varias oportunidades madera explotada clandestinamente en la Reserva Natural Pacaya-Samiria. Dos incautaciones de gran valor comercial que contaban con especies como la Caoba (Swietenia macrophylla), Cedro (Cedrela odorata) y Tornillo (Cedrelinga cateniformis) fueron robadas por los mismos madereros en enfrentamientos armados con las autoridades del área reservada y oficiales de la PNP. La actividad extractiva de tumba ilegal se realiza también en otras áreas protegidas o reservas de bosque tropical. La mayor parte de las denuncias registradas provienen de el Bosque de Protección de Alto Mayo, la Reserva Comunal Amarakaeri, la Reserva Comunal El Sira, la Zona Reservada Alto Purús, y la Reserva Nacional Tambopata.
Dinámica de Extracción Ilegal
El Ingeniero José Dancé Caballero, coordinador del Proyecto FAO \”Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal\” y presidente de la ONG Bosques Sociedad y Desarrollo, describe el proceso productivo del comercio maderero como \”un sistema dinámico que opera entre mercados internacionales, empresarios poderosos, habilitadores y peones\”. Los habilitadores son actores socio-económicos que colocan los productos donde los aserraderos e industrias procesan y venden la madera formalmente. La red de intermediarios que ellos manejan es responsable del \”blanqueo\” de la madera. Es decir, de la tala ilegal de las especies que son presentadas ante las autoridades como árboles con permiso de ser comercializados.
Una segundo circuito de explotación maderera incluye no sólo a los habilitadores, sino también a las comunidades nativas. En la Zona Reservada del Alto Purús, los miembros de las comunidades Sharanahua y Cashinahua son contratados por los madereros una vez que estos tramitan las autorizaciones comerciales de extracción a nombre de los nativos, quienes no manejan la administración de la tala a pesar de que se convierten en peones y reciben una insignificante contribución por su trabajo físico y conocimiento del bosque. Esto contrasta con las ganancias exorbitantes que produce la comercialización de las especies protegidas: \”dos mil metros cúbicos de caoba y cedro están valorizados en 633 mil dólares dentro del mercado internacional\” (1). Además, el territorio de las comunidades sufre alteraciones y es contaminado por los campamentos madereros.
Concesiones Cuestionadas
Para detener el proceso vertiginoso de deforestación, pérdida de las especies en peligro y reducir la pobreza, el Perú empezó en el 2001 el sistema de concesiones forestales. Esta nueva estrategia, exitosa en Chile con los bosques templados, busca promover la riqueza venida a menos por la informalidad y la mala gestión institucional. Las empresas madereras que participan deben tener propuestas económicas, capacidad técnica y experiencia para llevar adelante planes de manejo sostenible y recuperación de bosques. Aquellos concesionarios elegidos deben presentar un Plan de Manejo Forestal para toda el área por un plazo de 40 años y, además, un Plan Operativo Anual que defina las acciones de trabajo.
Se comenzó dando en concesión 3 millones y medio de hectáreas de bosque en Madre de Dios y Ucayali. Esta nueva política no sólo funcionó con propósitos de desarrollo sostenible, sino también para luchar contra los mismo actores de tala ilegal. El Ministerio de Defensa e Interior puso a disposición del INRENA la Dirección de Turismo y Ecología (DIRTUECO) de la PNP. Esta medida tuvo como propósito desalojar a extractores informales escondidos en las cuencas de los ríos Tahuamanu, Las Piedras y Los Amigos en reservas comunales y áreas naturales protegidas ubicadas en los departamentos mencionados. El plan maestro contó con el apoyo financiero de Alemania, los Países Bajos y Finlandia.
Sin embargo, luego de tres años, la situación se ha agravado debido al presunto manejo irregular en los mecanismos de control institucional. Por ejemplo, el ex jefe del INRENA, César Álvarez Falcón, elegido por el gobierno y despedido en abril de 2004 por casos de corrupción, tumbó una estrategia que había empezado a funcionar. Varias empresas que habían obtenido áreas en concesión explotaron más territorios y talaron especies prohibidas. Denunciadas por las autoridades locales, las empresas salieron impunes debido a sus vínculos con el gobierno. Al observar el inadecuado manejo de la inversión, el apoyo internacional renunció a seguir financiando el proyecto.
El Gerente del Programa de Ciencias para la Conservación de la World Wildlife Fund (WWF), Juan Carlos Riveros, opina sobre la gestión gubernamental: \”Si se pretende accionar un sistema de manejo de concesiones moderno, también se debe modernizar las instituciones y esto no está dentro del plan nacional de desarrollo\”. Esta misma institución hizo un comunicado a la opinión pública, en el cual solicitó al gobierno tomar acciones serias: \”Desde nuestro punto de vista, pensamos que es una prioridad nacional combatir la grave situación que atraviesa el sector forestal peruano, pues debilita tanto el proceso de concesiones forestales, como el buen manejo de los recursos naturales en territorios indígenas y en predios agrícolas\” (2). En pocas palabras, el sector forestal del Perú no presenta una política decisiva y su situación ha llegado a ser la más precaria de América Latina.
Verdaderas Pérdidas
El precio que está pagando el Perú por la irresponsabilidad de los actores involucrados es incalculable. La extracción está en manos de mafias organizadas que cuentan con grandes capitales para emplear maquinaria forestal pesada y habilitar carreteras a zonas protegidas. Los tractores se abren camino derribando nuestro patrimonio ambiental y dejando una vía libre para los demás extractores. Esto afecta desde los micro hasta los macro-ecosistemas que habitan los bosques.
La Caoba -razón fundamental para invertir en este negocio debido a su alto precio en el mercado internacional- está en peligro de desaparecer. \”En Centroamérica se ha talado el 70% de Caoba y en América del Sur se está siguiendo la misma senda\” (3). En nuestro país, este proceso de deforestación está afectando a una serie de especies de fauna como la nutria gigante del Amazonas (Pteronura brasiliensis), especie animal única en el mundo. La destrucción de su hábitat y la caza indiscriminada que sufre debido a la tala ilegal la han incluido dentro del Apéndice I de CITES.
El ser humano también sufre por causa de la extracción maderera ilegal. Los pobladores locales y miembros de comunidades nativas, contratados informalmente por los habilitadores para las faenas de tala ilegal, sobreviven con ínfimos sueldos a pesar del extenuante trabajo físico que realizan. El comunero rural y el nativo son retenidos a través de su condición de pobreza.
La eficiencia del negocio funciona además gracias a que no existen suficientes medios para enfrentar cara a cara el problema en la selva. En Monte Salvado, dentro de la Zona Reservada del Alto Purús, sólo hay dos policías y un trabajador del INRENA para luchar contra grupos de madereros armados. El presupuesto para vigilancia, control y monitoreo es escaso.
Las soluciones de hoy
En lo que va del 2004, el sector forestal del Perú ha recibido atención por parte de la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal. La creación de la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal bajo la Presidencia del Consejo de Ministros ha identificado los factores que propician el desarrollo impune de esta actividad extractiva. Además, organizaciones como la WWF y Bosques, Desarrollo y Sociedad han hecho pública la necesidad de implementar la Estrategia Nacional Forestal. Este proyecto ha sido elaborado con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Cooperación Técnica Internacional en el 2001 y el Órgano Supervisor de la Inversión Forestal.
Una vez que las estrategias de gestión y los mecanismos de control institucionalizados empiecen a funcionar, la producción de las empresas madereras que trabajan en función al desarrollo sostenible de los bosques recibirán el respaldo de una certificación forestal o \”sello verde\”. Esto no sólo garantizará que los productos madereros dentro del mercado internacional provengan de bosques manejados con responsabilidad, sino también disminuirá los conflictos generados en la selva entre las empresas ilícitas y las legales. Este podría ser un buen comienzo.
ParksWatch-Perú, mayo del 2004
Por: Inés Vera
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Notas:
1 \”Siguen las Acusaciones contra el Jefe del INRENA\”, Diario PERU.21, Viernes 23 de abril, 2004.
2 Comunicado a la Opinión Pública WWF – OPP, Anne Frederick Prins, Representante del País WWF Oficina Programa Perú (sustraído del Diario El Comercio, lunes 15 de marzo del 2004).
3 \”Big Leaf Mahogany, Scientific and Trade Basis for CITES Appendix II Listing\”, documento para la Convención de Cites realizada en Santiago de Chile publicado por The Natural Resources Defense Council (NRDC) y Defenders of Wildlife.