Las bosques nublados de Yacambú producen el agua que alimentará el embalse José María Ochoa Pilé
El Parque Nacional Yacambú, ubicado en el Estado Lara, protege la cuenca del río del mismo nombre, el cual alimentará el embalse José María Ochoa Pilé, actualmente en construcción. Una vez finalizado el embalse se generarán unos 19.000 empleos en la región como consecuencia del desarrollo agrícola del valle desértico de Quibor. Sin embargo las recientes invasiones al P.N. Yacambú amenazan el desarrollo del proyecto por la continua deforestación y quema de los bosques.
El Parque Nacional Yacambú es un vasto refugio montañoso de bosques nublados que se encuentra al norte de la cordillera andina y al sur del valle de Quibor, en el Estado Lara. En Yacambú habitan varias especies de fauna en peligro de extinción, como el oso frontino (Tremarctos ornatus), única especie de oso en Sur América, o del paují copete de piedra (Pauxi pauxi), una de las aves en mayor peligro de extinción en el mundo.
Además de los beneficios ecológicos que provee la protección de esta importante Parque Nacional, Yacambú, así como el resto de los Parques Nacionales de Venezuela, es también una pieza esencial para el desarrollo económico y social del país. En Venezuela, un 85% del agua consumida para uso humano e industrial proviene de los parques nacionales, esto también incluye las aguas usadas para la producción de la electricidad de todo el país.
En el caso del P.N. Yacambú, sus aguas drenan hacia el río del mismo nombre, el cual alimentará el embalse José María Ochoa Pilé, una inversión multimillonaria que ha significado 30 años de trabajo y que es considerada estratégica para el desarrollo del estado Lara y del país.
Una vez finalizado, el embalse garantizará el abastecimiento de agua a la ciudad de Barquisimeto (800.000 habitantes), y proveerá el agua para el riego de unas 25.000 hectáreas en el Valle de Quíbor, una zona árida que cuenta con una importante producción en cultivos de hortalizas y frutales de alto valor económico en el mercado nacional e internacional. Según las cifras oficiales, con el incremento de la superficie regada en el Valle de Quibor, la producción de rubros agrícolas se incrementará a 688.000 toneladas por año, en contraste con las 85.00 toneladas producidas actualmente.
Esto implica un incremento significativo en la cantidad de empleos agrícolas directos, que pasarán de 3.900 a 19.000, es decir un incremento de 488%. Igualmente, el valor de la producción agrícola se incrementará en unos 327 millones de dólares al año. La importancia de este proyecto en los planes de desarrollo nacional es tal, que para el año 2004 el Estado Venezolano ha presupuestado más de 91 Millones de dólares para la continuación de las obras de la represa.
La viabilidad de este proyecto depende enteramente de la protección de la cuenca bajo una figura legal, razón por la cual la empresa estatal que construye la represa junto con el Instituto Nacional de Parques decidió en 1999 incrementar la superficie protegida por el parque en más de un 80%.
Sin embargo, los esfuerzos de conservación de la cuenca y la inversión del estado venezolano para concretar este proyecto podrían verse afectados por las recientes invasiones al P.N. Yacambú, donde unas 60 familias han invadido más de 200 hectáreas en diversos sectores del parque. A lo largo de la carretera que conduce al embalse, Parkswatch determinó la presencia de al menos 25 conucos (pequeñas plantaciones) de hasta 5 hectáreas cada una. Según nos informaron los guardaparques, la mayoría de estas plantaciones tienen menos de tres años.
Los son en su mayoría de hortalizas, lo que requiere el uso de agroquímicos dañinos para el ambiente y la deforestación de mayores áreas. Otra de las consecuencias directas de las invasiones son los incendios forestales, que se han incrementado notablemente en los últimos dos años, ocasionando graves daños al parque.
Según la Ley Penal del Ambiente, vigente en Venezuela desde 1992, la ocupación de terrenos en áreas protegidas, así como su uso con fines no acordes con su figura legal, representa un delito grave que puede implicar hasta el encarcelamiento de los infractores. Sin embargo, las autoridades legales pocas veces prestan atención a este tipo de delitos. Es por ello que es necesario llamar la atención y alertar sobre los daños ecológicos y económicos que las invasiones representan para el país.
La deforestación, los incendios, el consecuente incremento de la erosión y la contaminación de los suelos, amenazan con destruir el bosque y su capacidad para producir agua, poniendo en riesgo la funcionalidad del embalse José Maria Ochoa Pilé, lo que implicaría la pérdida de recursos importantes para la nación y la obstaculización de los planes de desarrollo económico y social, especialmente en el sector agrícola.
El problema de las invasiones es complejo y debe ser abordado con toda la diplomacia posible, sin incurrir en violaciones a los derechos humanos de los invasores, pero sin permitir que se siga violando impunemente la Ley Penal del Ambiente.
ParksWatch-Venezuela: Noviembre del 2003