Jaguar cazado en la zona del Alto Purús (Foto: Diego Shoobridge)
La experiencia de ver un jaguar a medio pelar impresiona no sólo a cualquier amante de la naturaleza, sino a toda persona con raciocinio y sentimientos, con un mínimo respeto por la vida, los recursos y la riqueza de nuestro país. Cada vez son menos los lugares en los que la mano del hombre aún no llega para interferir con el estado original del paisaje, cuando lo hace deja una huella devastadora e irreversible. La extracción sistemática de recursos naturales–y la degradación del ambiente que conlleva–casi siempre es sólo para beneficio de pocos y en desmedro de muchos, generalmente los más pobres, quienes quedan sin oportunidades ni medios de vida para el futuro. La depredación de la selva y sus recursos es una mala práctica que impera en toda la Amazonía peruana. Es necesario que aquellas áreas destinadas a cuidar y proteger nuestro patrimonio sean respetadas y que realmente cumplan la función para las cuales fueron designadas.
La provincia de Purús, al sur del departamento de Ucayali, con el río del mismo nombre que fluye hacia Brasil sin interconexión con el resto del país, es una de las zonas más aisladas del Perú. La única forma de llegar es por avioneta desde Pucallpa. Gracias a su aislamiento, la riqueza natural ha permanecido a lo largo del tiempo. En reconocimiento a la importancia de la región y sus riquezas naturales, a través de un proceso participativo y bajo el liderazgo de la Federación de Comunidades Nativas del Purús (FECONAPU), se declaró el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús; el primero para la protección de la cuenca, de sus recursos y de las poblaciones indígenas nómades en aislamiento que allí habitan, y el segundo para el aprovechamiento de los recursos por parte de las comunidades nativas asentadas en la región.
El Parque Nacional Alto Purús, con 2.510.700 hectáreas, es el más extenso del Perú y se conecta por el sur con el Parque Nacional del Manu, de 1,7 millones de hectáreas, por el este con el Parque Estadual Chandless en Brasil, de 670.000 hectáreas, y otras reservas de Brasil, formando una larga extensión de territorio estrictamente protegido en la cuenca amazónica. Esta red de áreas protegidas presenta un bosque tropical que se extiende virtualmente sin interrupciones desde más allá de la frontera con Brasil hasta los Andes, unos 300 kilómetros al suroeste, formando el corredor natural más importante en la Amazonía.
La zona presenta una gran diversidad biológica, una gran variedad de ecosistemas y posee un buen número de paisajes muy atractivos. Estas características han identificado al área como zona prioritaria para la conservación de la diversidad biológica en el Perú. Entre las especies más notables de la fauna se encuentran especies en vías de extinción y en situación vulnerable como el lobo de río, el mono maquisapa, el armadillo gigante, el jaguar, el cóndor de la selva, el lagarto negro, la tortuga taricaya, el perro de la selva, la boa, la anaconda, entre miles de otros más. La región presenta gran cantidad de ríos, lagos, quebradas, playas, bosques y aguajales, así como toda clase de aves, insectos, reptiles y otra fauna, junto con una gran diversidad de especies vegetales. Todos estos son recursos de gran potencial para promover actividades de desarrollo sostenible, como el turismo y la investigación, para el beneficio de todos los peruanos.
Los niveles de extracción de recursos naturales, especialmente a lo largo de las últimas dos décadas, pero con gran incremento en los últimos cinco años, han hecho que casi la totalidad de nuestra selva haya sido afectada negativamente y hoy no tenga la capacidad original de satisfacer las demandas de las poblaciones selváticas y de la sociedad en general. Esto ha hecho que los ojos de los extractores de recursos, especialmente madereros, se vuelvan hacia las áreas protegidas y hacia los territorios de las comunidades nativas. El Purús, uno de los pocos territorios vírgenes de nuestra Amazonía, no se libra de estas tendencias.
El Purús es una de las pocas áreas donde aún queda madera fina, tal como aquella de los árboles maduros de caoba (Swietenia macrophylla), que podrían ser fuente de semilla para la reforestación en otras partes de nuestra selva. La extracción ilegal de esta especie en el Parque Nacional Alto Purús y en territorios adyacentes ocurre con gran intensidad a pesar de la legislación peruana y regulaciones internacionales existentes tendientes a proteger a la caoba, a las poblaciones indígenas y a las áreas de conservación. Esta extracción maderera ilegal va en detrimento del ecosistema de la región del Alto Purús, de las comunidades indígenas del área, de la biodiversidad y del patrimonio de la nación.
Troncos de caoba y madereros en la Zona Reservada del Alto Purús (hoy Parque Nacional)
(Foto: Chris Fagan)
Purús es prácticamente tierra de nadie, mejor dicho tierra de aquellos que han logrado engranarse en un sistema de explotación sin precedentes. Los madereros han establecido circuitos de transporte exclusivos, sistemas de trabajo injustos y esclavizantes, y relaciones de intercambio desventajosas para las pequeñas comunidades indígenas de la región. Estas comunidades viven en extrema pobreza, sin servicios apropiados de salud, educación, justicia, en total abandono por parte del Estado.
El único recurso natural de las comunidades nativas que hoy por hoy les da acceso al dinero–necesario para la adquisición de bienes de consumo importantes para subsistir y que el bosque no les brinda, como sal, azúcar, jabón, ropa, útiles de cocina, productos de plástico, cuadernos, etc.–es la extracción de madera de sus territorios comunales, es decir madera de su propiedad. Las comunidades nativas, al no tener otras alternativas de ingreso, se ven forzadas a entrar en contacto con madereros provenientes de Pucallpa, que están en la zona en cada vez mayor número.
Los madereros llegan a las comunidades ofreciendo pagos por adelantado en forma de bienes de consumo a cambio de la madera. Debido a que los líderes comunales no tienen capacidad de hacer gestión alguna, los madereros, después de hacerlos firmar una serie de papeles, consiguen los permisos forestales a nombre de las comunidades. Los costos de los permisos son inflados a precios exorbitantes, de esta manera las comunidades inician su relación endeudados con los madereros, sin haber cortado aún un solo árbol.
Las comunidades llegan a acuerdos con los madereros para la extracción de cierto número de árboles de caoba dentro de su territorio en un periodo determinado. Sin embargo, una vez que se instalan los campamentos, los madereros no se retiran de las comunidades hasta que todos los árboles de caoba hayan sido cortados, haciendo continuamente nuevos arreglos con los líderes de las comunidades para extraer más árboles. Una vez que los madereros se instalan en la selva, éstos trabajan en cualquier parte donde encuentren árboles de caoba, al margen de los permisos y los límites comunales. Los madereros utilizan los permisos existentes para hacer pasar madera extraída de comunidades que no los poseen. Una vez adentro, los madereros no acatan los planes de manejo forestal–si es que éstos existen–así como tampoco los límites entre comunidades, ni cualquier otra norma o regulación.
Los acuerdos con los nativos se basan en el intercambio de árboles de caoba por la entrega de comida y otros materiales. Los madereros inflan el precio de los bienes entregados. Los miembros de las comunidades reciben estos bienes antes del inicio de cada operación, perpetuando su deuda conforme avanza la misma. El corte de árboles y la extracción se lleva a cabo hasta que las comunidades hayan pagado la totalidad de la deuda a los precios establecidos por los madereros. Por ejemplo, un motor peque-peque de 10 caballos de fuerza que cuesta alrededor de 1.500 nuevos soles, artefacto prácticamente imposible de adquirir por los nativos, es intercambiado por 8 ó 10 árboles de caoba cuyo precio es cien veces mayor que el valor del motor.
Los precios que los madereros pagan a las comunidades por la madera que extraen son una fracción del precio del mercado. Los madereros ofrecen entre 20 y 80 centavos por pie tablar de caoba en las comunidades, cuando el precio real de cada pie tablar de caoba es de 12 nuevos soles en Lima y 18 nuevos soles para exportación. A fin de cuentas las comunidades reciben entre 100 y 200 soles por un árbol de caoba maduro, cuyo valor es de varios miles de dólares en el mercado internacional. Este sistema de explotación esclavista ha llegado a tal extremo que hay comunidades con deudas de tal magnitud, que se espera que los madereros permanecerán en las mismas hasta más allá del año 2010.
El único acceso directo al Alto Purús es por vía aérea hasta Puerto Esperanza, un pequeño centro poblado con aproximadamente 600 pobladores ubicado a orillas del río Purús, capital de la provincia de Purús. Puerto Esperanza cuenta con una pista de aterrizaje asfaltada, que es utilizada por aviones de pequeño y mediano tamaño provenientes de la ciudad de Pucallpa, ubicada aproximadamente a 400 kilómetros de distancia. Ello implica que la única forma que puede salir la madera de la zona hacia Pucallpa es por avión. Cuán lucrativo debe ser el negocio, que los madereros se dan el lujo de sacar la madera por avión…
Al no haber un servicio aéreo comercial, todos los vuelos son alquilados, la mayoría por madereros, quienes monopolizan el viaje hacia y desde la región y utilizan estos aviones para transportar bienes de primera necesidad a la zona y sacar la caoba hacia Pucallpa. Los aviones de mayor capacidad utilizados para sacar mayores volúmenes de madera son alquilados a las fuerzas armadas, aviones que deberían estar haciendo vuelos de apoyo cívico en beneficio de la población están siendo utilizados para el transporte de madera. De esta manera los madereros manejan todo el movimiento en la región a través del único puente existente entre Puerto Esperanza y el resto del país. Son prácticamente dueños de la provincia, mueven los bienes de consumo para la población, la gasolina, los materiales de construcción, absolutamente todo. A tal punto llega el abuso, que los madereros deciden quiénes suben y quiénes no suben a los aviones que alquilan. Ha habido una serie de quejas y denuncias en contra de esta situación, pero los madereros están cada vez más fortalecidos, intocables y desafiantes. La población local está convencida que esta situación se mantiene gracias a una sólida cadena de complicidad y se pregunta hasta qué niveles llegará la misma, debido a que no se puede mejorar la situación en base a la justicia y la ley.
Todas las personas de la provincia de Purús dependen de los madereros para viajar, ya sea para hacer trámites en Pucallpa, en caso de emergencia de salud o simplemente para regresar a la ciudad. Aquellos que de una u otra manera se atreven a quejarse o levantar la voz de protesta ante los abusos de los madereros, simplemente no viajan, se quedan aislados en Puerto Esperanza por semanas y meses. Tal es el caso de un grupo de autoridades como el Subprefecto Luis Lima o el consejero regional Sidney Hoyle y otras 15 personas que simplemente no tienen facilidad de movilizarse. Cuando estas personas quieren salir de la zona, se ven forzadas a colectar otros pasajeros que desean viajar hasta completar los cupos de una avioneta y poder cubrir los costos de su alquiler. Al notar esto, los madereros meten su avión alquilado y se llevan los pasajeros, asegurándose que “los indeseables” (llamados localmente los leprosos) no puedan viajar. Inclusive controlan las encomiendas y paquetes, estos simplemente nunca llegan si los destinatarios no son personas de su agrado. Debido a estos mecanismos de coerción, muchos funcionarios públicos destacados en la provincia se hacen de la vista gorda ante las maniobras de los madereros, por temor a convertirse en indeseables y quedar aislados indefinidamente.
Esta situación desesperante ha hecho que algunos piensen en la posibilidad de construir una carretera que conecte a Iñapari con Puerto Esperanza. ¡Nada más absurdo! Una carretera significará la destrucción del Purús, llegarán miles de madereros, agricultores migratorios andinos e invasores que avasallarán con los recursos naturales, con la población local y con el parque nacional. Brasil no ve con buenos ojos la construcción de una carretera adyacente a sus áreas naturales protegidas y reservas, pues reconocen el peligro de la extracción ilegal de madera en su territorio y temen la presencia del narcotráfico. Se repetirá la historia de destrucción ya vista en otras partes de nuestra amazonía. Una carretera que no traerá beneficios, sino sólo depredación y explotación de los más pobres.
Hay otro grupo de madereros que está operando ilegalmente y extrae madera del lado oeste del Parque Nacional Alto Purús, por el río Sepahua y el Río Inuya. Una explotación sin control ni respeto por las normas y regulaciones. Las actividades madereras en esta zona están afectando a las poblaciones nativas en aislamiento que se mueven por ese lugar. Se ha podido documentar varios casos de encuentros violentos entre estos madereros y nativos aislados, los cuales llevan la peor parte, pues son atacados con escopetas y asesinados sin piedad.
El comercio de madera ilegal viola la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), de la cual el Perú es signatario. CITES incluye a la caoba en la lista de especies amenazadas. A pesar de esto, el gobierno peruano continúa facilitando la exportación de caoba al emitir permisos para la especie, en obvia contradicción a este acuerdo internacional.
La industria maderera se mueve bajo la poderosa demanda de caoba por parte de los países industrializados. Mientras la dotación de caoba disminuye en otras partes de la Amazonía, la presión de los madereros sobre el Alto Purús y otras áreas protegidas aumentará. Bajo estas condiciones, el futuro del Alto Purús y de sus pobladores locales es muy sombrío. Esta situación demanda una eficiente intervención de las autoridades nacionales para ordenar la actividad maderera, detener la explotación y abuso sobre los pobladores nativos y sancionar a los responsables. El Estado debe garantizar la conservación de los territorios designados para tal fin, la protección de los recursos naturales que contienen y la defensa de los pobladores de la zona.
Diego Shoobridge
ParksWatch Perú
Enero de 2006