Desde principios de este año 2003 medios de información escrita vienen anunciando desalojos y posibles enfrentamientos entre comuneros de la etnia Lacandona e invasores que se han asentado de forma ilegal en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, según resolución presidencial del año 1972 que señala a los lacandones como propietarios, y el decreto de la reserva del año de 1978.
La información publicada principalmente por el diario La Jornada habla de posibles desalojos y acciones conjuntas de autoridades como la Secretaria de Marina, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En los asentamientos ilegales como Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael localizados en la parte sur de la reserva desde el año de 1998 cuentan actualmente con unas 44 familias, que se dicen ser bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la última comunidad ha declarado que no aceptaran un desalojo pacífico, y que solo muertos saldrían de su nuevo asentamiento, esta situación ha dificultado las acciones de las autoridades por temor a que surjan enfrentamientos armados.
Un día después de la anterior declaración un grupo de comuneros Choles y Lacandones bien armados según versión del reportero del diario, se dirigieron a las comunidades de Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael, con la clara intención de desalojar por la fuerza a los pobladores, la versión de este medio de información señala que el grupo de inconformes iba dirigido por funcionarios de la CONANP y PROFEPA, y que una vez que llegaron a los asentamientos ilegales, los representantes de la Comunidad Lacandona fueron recibidos por algunas personas que de inmediato entablaron una discusión y después de un buen rato de conversar acaloradamente, los demandantes dieron un plazo de ocho días para que las dos comunidades asentadas en la reserva salieran de esos lugares, bajo amenaza de muerte de no hacerlo.
Fue a mediados del mes de abril que se suscitaron hechos violentos en la comunidad El Paraíso dentro del área protegida. Los Lacandones hicieron acto de presencia en el asentamiento y prendieron fuego a las construcciones, La Jornada menciona que alrededor de 100 ha de selva y cultivos, además de algunas casas fueron destruidas y que el incendio estuvo a punto de extenderse hasta las montañas. Ante esta incursión de la Comunidad Lacandona los afectados exigieron directamente al Gobernador del Estado de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía que tome cartas en el asunto. Los Lacandones nuevamente pusieron un plazo de 20 días para que las personas de los asentamientos irregulares San Isidro y San Rafael abandonaran las tierras. Además hicieron un llamado al gobierno federal para que interviniera de forma urgente en la búsqueda de soluciones.
Comuneros Lacandones de Frontera Corozal, Nueva Palestina y Lacanja realizaron más visitas a los asentamientos San Isidro y San Rafael, para recordarles que el nuevo plazo se vencía y ellos tendrían que salir. Fue hasta unos días antes de cumplirse la fecha pactada para el desalojo (7 de mayo de 2003) que el Gobernador del Estado Pablo Salazar, acordó reunirse con líderes lacandones para proponer una tregua y discutir las soluciones. El Gobernador reconoció que la amenaza de los indígenas es real, contra los habitantes de los asentamientos irregulares. Algunas medidas que tomara el gobierno del estado serán analizar cada uno de los asentamientos, reconocer a las poblaciones que tengan sus documentos agrarios que los acrediten como verdaderos dueños, y con las comunidades de reciente llegada se negociara su salida voluntaria. Para las comunidades que se pretenden desalojar se han planteado alternativas de tipo social, agrario, poblacional y de desarrollo. Por otra parte el Gobierno del Estado ofreció apoyar a los Lacandones con recursos económicos y programas para el desarrollo de sus poblados.
Al 21 de mayo de 2003, el presidente de los bienes comunales lacandones, David González Chankin sigue exigiendo al gobierno que reubiquen o desalojen a los invasores, él dice: la comunidad ya se canso de pedir su desalojo y realmente no creemos que pueda resolver el problema. Además, menciona que hace unos días sobrevoló la zona y lo que pudo observar fue que los invasores siguen talando árboles de la selva.\r\n\r\n
La información que la sociedad civil recibimos respecto a las áreas naturales protegidas deforestadas por los asentamientos ilegales, que mes con mes aumentan en esta región del país son poco claros. Nosotros en este artículo abordamos como ejemplo dos comunidades, una con seis ha afectadas, aunque no es el total del área que tiene en posesión, ya que su territorio es elegido pensando en su crecimiento poblacional. Algunos estudios como los realizados por el Sistema de Monitoreo Ambiental de Conservación Internacional Programa Selva Maya, citan que del año de 1994 al 2002 se han registrado 27 asentamientos irregulares que han afectado un total de 2.268 ha en las reservas de la Biosfera Montes Azules, Lacantún y en el Área de Protección de Flora y Fauna Naha, todas en el Estado de Chiapas.
(Foto inicial: Área talada por invasores en la Reserva Montes Azules, a orillas del Río Lacantún.)
Nota: Fuente de la noticia diario La Jornada,MX y las fotografías Gerardo Carreón
ParksWatch: Mayo 2003