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Referencias

 

 

 

Antecedentes

 

El interés por la protección y manejo del área se inicia hace más de 40 años, cuando los estudios de Eduardo Jensen en 1962 conducen al Servicio Forestal y de Caza del Ministerio de Agricultura a proponer 1.464.250 hectáreas como Reserva Forestal. Posteriormente, el 9 de Octubre de 1963 se crea el Bosque Nacional del Apurimac con una extensión de 2.071.700 hectáreas mediante Resolución Suprema N º 442 -  63 - AG. Después de 25 años bajo el estatus de bosque nacional, figura mediante la cual se promovía el aprovechamiento forestal, el área pasa a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en la categoría de Zona Reservada, categoría de carácter transitorio. La Zona Reservada del Apurimac se crea mediante Resolución Suprema N º 0186 - 88 - AG abarcando 1.699.200 hectáreas en los departamentos de Junín (provincia de Satipo) y Cusco (provincia de La Convención) teniendo como objetivo proteger los bosques de la región.

 

Quince años más tarde, la Zona Reservada del Apurimac llega a su categorización definitiva mediante el Decreto Supremo N º 003 - 2003 - AG  emitido el 14 de Enero del 2003 y publicado el 15 de Enero del mismo año, que establece dos reservas comunales y un parque nacional: La Reserva Comunal Asháninka (RCA) con 184.468  hectáreas, ubicada en el flanco occidental de la cordillera de Vilcabamba en la provincia de Satipo, departamento de Junín; La Reserva Comunal Machiguenga (RCM) con 218.905 hectáreas, ubicada en el flanco oriental de la cordillera de Vilcabamba en la provincia de Echarate departamento de Cusco; El Parque Nacional Otishi (PNO) con 305.973 hectáreas, ubicado entre las Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga en la provincia de Satipo, departamento de Junín y en la provincia de Echarate, departamento de Cusco.

 

Del área original de la Zona Reservada del Apurimac de 1.699.200 hectáreas se categorizan 709.347 hectáreas formando las tres nuevas áreas protegidas, reduciéndose el territorio inicial en 989.853 hectáreas por predios comunales titulados y ampliaciones de estos, las cuales pasan a formar la zona de amortiguamiento. Los límites de la zona de amortiguamiento son de carácter provisional y será en el plan maestro donde se definirán en forma participativa.

 

El establecimiento de las reservas comunales Ashaninka y Machiguenga tienen como principal objetivo garantizar la conservación de la diversidad biológica en beneficio de las comunidades nativas vecinas a estas reservas comunales. Al interior de dichas reservas comunales no podrán establecerse centros poblados, ni la expansión de actividades agrícolas, pecuarias o de extracción forestal maderera. El establecimiento de las reservas comunales no otorga derecho de propiedad a favor de las comunidades respecto de la superficie correspondiente a las referidas áreas protegidas. El estado reconoce y protege el derecho al tradicional acceso a los recursos naturales para las actividades de subsistencia que han tenido las comunidades nativas Asháninkas y Machiguengas, incluyendo a los Yines de Urubamba, en el ámbito de las reservas comunales, derecho que debe ejercerse en armonía con los objetivos de las áreas naturales protegidas establecidos en la legislación.

 

Una serie de instituciones estuvieron involucradas en el proceso de creación de las tres áreas protegidas. Tuvieron gran participación la Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni (ACPC) que centra su interés en la cuenca del río Ene; el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) que centra su interés en la cuenca del río Urubamba; el Instituto del Bien Común (IBC) que focaliza su trabajo en linderamiento territorial; Conservación Internacional (CI) cuya principal contribución fue la evaluación biológica; el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) supervisor del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado; las Federaciones y Organizaciones de Base como la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI); la Central Asháninka del Río Tambo (CART); la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP); y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Instituciones como la Dirección General de Forestal y Fauna (DGFF) que en su momento fuera rectora de las áreas protegidas, la antigua Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales (ONERN), estuvieron también involucrados aportando importante información. El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y el Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), apoyaron inicialmente la iniciativa de conservación de la cordillera, al igual que los Misioneros Dominicos del río Urubamba. Hubo financiamiento del Global Environmental Facility del Banco Mundial (GEF) en coordinación con el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) a través de Conservación Internacional. 

 

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La Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni (ACPC) es una asociación cuya misión es proteger y conservar el patrimonio cultural y natural y a la población nativa Asháninka asentada en la Cordillera de Vilcabamba. Según refiere Iván Brehaut, director ejecutivo de la institución, al inicio de las actividades de ACPC en los años ochenta, el valle del Ene estaba siendo invadido por colonos. Las autoridades regionales destinaban la inversión pública en apoyar la ocupación por parte de colonos sobre estos territorios. Hasta ese momento, la población indígena se encontraba bajo gran riesgo, los territorios comunales no estaban saneados y no había forma de asegurarlos plenamente de la invasión de colonos. Habían problemas sociales intensos en el área. El narcotráfico y el terrorismo estaban ingresando a la zona. En los años noventa, la selva central se vio asolada por Sendero Luminoso enemigo acérrimo y genocida de los Asháninkas. ACPC tuvo que dejar sus esfuerzos de hacer conservación para ser una ONG plenamente asistencialista, "no podíamos dejar que la gente con la que queríamos trabajar muriera por hambre, enfermedades, y violencia".

 

Durante el proceso de creación de las áreas protegidas, en el momento de la presentación de los expedientes técnicos, hubieron discordancias entre las instituciones involucradas, generando retrasos y malestar. Según Iván Brehaut, lo que hizo CI a cargo del programa GEF - Vilcabamba, mostrando información totalmente desfasada, distorsionando la visión de la tenencia de la tierra en la zona con mapas mal hechos, divulgando información de manera irresponsable y desvirtuando el trabajo, terminó creando tremenda confusión. CEDIA y ACPC desarrollaron todo el catastro y la información de campo. Lamentablemente esa información fue mal interpretada o no tomada en cuenta por la gente del programa GEF -Vilcabamba, lo que generó una base de datos totalmente errónea. Estos expedientes fueron rechazados por CEDIA y por ACPC, "no por el hecho de que los hiciera Conservación Internacional individualmente o a nuestras espaldas que se supone éramos sus socios, sino porque era un mal trabajo". Se utilizó un método técnico que ni el Programa Especial de Titulación de Tierras PETT del gobierno, encargado de formalizar la tenencia de tierras, ni INRENA, ni la Cooperación Técnica Alemana que apoyaba al proceso alcanzaban a comprender. Los expedientes tenían serios problemas, habían 40000 hectáreas de errores en esos expedientes, además que no eran reconocidos totalmente por las organizaciones indígenas porque no fueron pasados a consulta. Mientras el INRENA, las organizaciones y las comunidades estaban en el proceso de definir las nuevas áreas de titulación, en pleno proceso de consulta, CI entregó un informe a INRENA con un mapa que no estaba correcto. Se perdió un año de trabajo completo, ACPC, CEDIA, IBC, INRENA y las organizaciones indígenas estuvieron sacando fondos donde no había. Se tuvo que reconstruir todos los expedientes.

 

El gran aporte de Conservación Internacional a la formalización de las áreas en cuestión, es la investigación científica que se hizo con el equipo del Smithsonian Institution, el Field Museum de Chicago en las expediciones del equipo RAP en Vilcabamba, que son el sustento biológico para la formalización de las áreas protegidas. Luego, en coordinación con el Instituto del Bien Común se terminó de levantar el catastro. Hoy el 100% de los territorios comunales adyacentes a las reservas comunales están saneados a excepción de la comunidad nativa de Taini que está en proceso de titularse, si ya no se tituló (17).

 

El Instituto del Bien Común tiene un proyecto llamado Sistema de Información sobre Comunidades Nativas, cuyo objetivo es levantar el catastro georeferenciado de los títulos de propiedad que otorga el Ministerio de Agricultura a las comunidades y elaborando mapas donde quede claro cuáles son las áreas tituladas. Los planos comunales hechos por el Estado entre los años 70 y 80 no están georeferenciados, muchos no tienen ninguna referencia geográfica, por eso no era posible determinar límites de las áreas protegidas. Según funcionarios del IBC, la categorización de la Zona Reservada del Apurimac se hizo como debe ser. Primero se definieron los límites de las comunidades, luego se realizó un proceso de consulta con ellas viendo qué áreas solicitaron para ampliación de sus territorios. Como tercer paso se trazó el límite del área protegida de forma definitiva y de manera georeferenciada. De este modo se crea un área protegida de forma armónica con las comunidades vecinas. La categorización de esta área fue ejemplar porque hubo mucha consulta, mucha participación de las comunidades y las organizaciones indígenas, gracias a la coordinación y apoyo técnico de ACPC en la parte occidental, de CEDIA en la parte oriental, de ARPI coordinando con las organizaciones indígenas y del IBC, cumpliendo una labor importante con elementos técnicos para la delimitación cartográfica de las áreas protegidas.

 

El IBC como instituto tiene muy claro que para la creación de áreas protegidas definitivas es muy importante la definición de los límites en las comunidades vecinas. Para que nazca un área protegida que tendrá que ser manejada a largo plazo, ésta tiene que nacer en armonía con las comunidades vecinas para que la población tenga la voluntad de involucrarse en la gestión del área. De lo contrario, luego todo el proceso se torna conflictivo (18).

 

Erick Meneses, Director de la Región Vilcabamba para Conservación Internacional, hace referencia que su institución trabaja en la zona de Vilcabamba haciendo estudios para determinar las características biológicas del área. Se gestionó con CEDIA y ACPC un proyecto de mediana envergadura con el Global Environmental Facility del Banco Mundial cuyo objetivo fue la categorización de la Zona Reservada del Apurímac. Con fondos complementarios se planteó un ordenamiento territorial para completar el saneamiento legal del área mediante un proceso participativo. Paralelamente se hicieron diagnósticos biológicos, diagnósticos sociales y económicos que permitieron completar la información que sustentaba la categorización del área. Este fue un proceso de tres años. Paralelamente a esto el GEF permitió que se inicie un proceso para introducir la idea de desarrollo sostenible en forma práctica mediante la implementación de actividades modelo y así las comunidades identifiquen que hay modelos que aseguran su sostenibilidad tales como el manejo de bosques, artesanía, y manejo de fauna.

 

Casi al final del proceso, ACPC y CEDIA se separaron de CI. Estas organizaciones aprovecharon el perfil bajo de CI en el campo y su relación con las comunidades para cumplir con sus objetivos finales que eran más territorios para las comunidades. La primera propuesta de categorización del área protegida incluía la zona del Cutivireni, con el puente natural (formación geológica en la zona) y otras zonas de importancia biológica y cultural, pero las comunidades reclamaban espacios para ampliaciones a pesar que no vivían allí, lo que produjo que las comunidades establecieran un conflicto entre el proyecto que representaba todo el consorcio y las comunidades. Por ello ACPC y CEDIA dijeron que no habían realizado dicha propuesta. Era el momento propicio para que estas organizaciones lograran sus objetivos. En esa coyuntura ingresó el IBC ya que tenía experiencia en los avances rápidos de titulación en áreas de ampliación. Una vez realizada la ampliación, las comunidades quedaron tranquilas y se realizó otra propuesta que se presentó al INRENA (19). INRENA, con participación de ACPC y CEDIA, pudo ampliar la superficie de la propuesta de parque nacional, hecha por CI de 280.000 ha a 305.000 ha, con límites claros con base en accidentes geográficos (divisorias de aguas y talweg de cursos de aguas) y no con base en puntos y líneas rectas imposibles de determinar en terreno.

 

Conservación Internacional promueve desde hace algunos años la constitución del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, del cual las Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga y el Parque Nacional Otishi son parte. El corredor es una estrategia para conservar uno de los lugares biológicamente más diversos del planeta, la región Andes Tropicales. Su superficie aproximada es de 30 millones de hectáreas, desde la Cordillera de Vilcabamba en Perú hasta el Parque Nacional Amboró en Bolivia, formando una cadena de 16 áreas protegidas que contribuyen a la supervivencia de miles de especies (20).

 

Administración

 

Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se rige por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su reglamento Decreto Supremo N° 038-2001-AG.

 

El objetivo principal de la Reserva Comunal Asháninka es proteger las áreas que sirven de fuente de recursos biológicos y de agua para las poblaciones Asháninka asentadas en la margen derecha de los ríos Tambo, Ene y Apurímac, protegiendo sus bellezas escénicas y valores culturales intrínsecos (21). Cubre una de las zonas definidas como prioritaria para la conservación de la diversidad biológica del país en el Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado SINANPE (22).

 

El artículo No. 17 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el Estado reconoce y promueve la participación privada en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, para lo cual se podrá suscribir u otorgar contratos de administración del área. Estos contratos o convenios de administración son mecanismos de gestión intersectoriales por medio de los cuales se encarga a una persona jurídica sin fines de lucro la ejecución de las operaciones de manejo y administración del área. El contrato de administración con terceros no quita o disminuye las competencias ni responsabilidades del INRENA, ni tampoco sus facultades de fiscalización y regulación (23).

 

Según la legislación, la gestión de una reserva comunal es conducida directamente por los beneficiarios de acuerdo a sus formas organizativas en un proceso a largo plazo, en el cual éstos consolidan sus conocimientos asociados a la conservación y al uso sostenible de los recursos, ejerciendo sus derechos y obligaciones con el Estado para la administración del patrimonio de la nación. En términos de la gestión del área protegida, la coordinación y la supervisión general de la reserva comunal está a cargo de la jefatura del área, bajo mandato de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA. Paralelamente se deberá contar por un lado con un ejecutor del contrato de administración que estará a cargo de coordinar el manejo del área y por otro lado, con un comité de gestión que apoyará al funcionamiento del área y representará a todos los beneficiarios locales y sectores involucrados. El proceso está en sus inicios y falta aún mucho para consolidarse.

 

Se ha creado una comisión constituida por INRENA, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP y otros ONGs, para discutir la propuesta de un régimen especial para las reservas comunales. Según refieren funcionarios del IBC, a manera de ejemplo, en el caso de la Reserva Comunal de El Sira se empezó todo el proceso de formación de un ente administrativo sin resultados positivos porque no había claridad. Como el proceso fracasó, INRENA hizo una propuesta de régimen especial, AIDESEP tiene su propuesta y están en discusión para compatibilizar las dos propuestas en una sola.

 

Los indígenas siempre veían a las reservas comunales como una forma de extender cierto control sobre sus territorios tradicionales, pero resultó que desde el establecimiento de la ley forestal en 1975, el gobierno no promovió la creación de reservas comunales. Más de 10 años después la primera reserva comunal creada fue la Reserva Comunal Yanesha en 1988, creada como resultado de un conflicto interno muy grande. La segunda reserva comunal creada fue la de El Sira en el 2001, 13 años después. En el lapso entre la creación de la Reserva Comunal Yanesha y la de El Sira, el Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas toma la decisión de incorporar las reservas comunales al sistema nacional. Entonces el régimen para gestionar las reservas comunales es determinado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, creando una confusión muy grande por todos lados. Los indígenas asumen que las reservas comunales son parte de su territorio y que ellos las pueden gestionar a su manera. Todo esto recién se empieza a aclarar en el año 2001 con el diálogo de la Comisión Multisectorial de Comunidades Nativas coincidente con el reglamento de áreas naturales protegidas.

 

A través de esa mesa de diálogo se logra incluir en el reglamento de áreas naturales protegidas la idea de un régimen especial para la gestión de las reservas comunales. Es decir se reconoce que no se gestiona de la misma manera una reserva comunal que un parque nacional. Pero hasta ahora no se define como es que se gestiona una reserva comunal. El gran reto ahora es el de aclarar los varios vacíos legales existentes y lograr consenso para el nuevo régimen especial de gestión para reservas comunales (24).

 

La propuesta presentada para el régimen especial por parte de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP, AIDESEP y otras ONGs fue la de crear varios entes administradores en torno a una reserva comunal, debido a que estos son territorios enormes, con varias organizaciones indígenas involucradas, con varios pueblos o etnias distintas. Es muy complicado. Por ello el IBC recomendó junto con AIDESEP y CONAP crear un ente para administrar cada parte de la reserva comunal. El INRENA negó tal posibilidad e insistió en que fuera un sólo ente el que administre todo. Ahora INRENA se da cuenta que es imposible, las Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga son enormes; asuntos como estos complican la administración de las reservas comunales.

 

Si bien la responsabilidad del control recae sobre el Estado, el manejo es implementado por las comunidades mismas, quienes conjuntamente con el INRENA deben elaborar el plan maestro para el área protegida. Para cumplir con este objetivo, se espera la activa y directa participación de la población circundante. El desarrollo de los modelos de manejo participativo y de organización local están en proceso de ser definidos. Las comunidades nativas serán quienes establezcan las áreas de uso especial, las áreas de protección estricta, las áreas de aprovechamiento, etc. que serán plasmadas en el plan maestro de la reserva comunal.

 

Presupuesto

 

El Global Environmental Facility GEF del Banco Mundial ha aportado alrededor de 750.000 dólares para apoyar el proceso de categorización de la Zona Reservada del Apurimac.

 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID ha dado un crédito de alrededor de 5 millones de US dólares al Perú para financiar el programa de refuerzo institucional del Grupo Técnico de Coordinación Institucional formado para acompañar el proceso de implementación del proyecto del gas de Camisea. De estos fondos, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA ha obtenido alrededor de 300.000 US dólares, que utiliza para implementar la administración del Parque Nacional Otishi. Está en proceso el nombramiento de un jefe del área, la contratación de dos profesionales, cuatro guardaparques, la adquisición de 2 motos, 2 motores de 60 HP para botes, muebles de oficina, etc. Si bien este refuerzo administrativo se focaliza en el Parque Nacional Otishi, a su vez beneficiará a las reservas comunales en tanto avanza el proceso de la firma de un contrato de administración para las mismas.

 

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