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Resumen
Descripción
Amenazas
Soluciones
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Referencias

 

 

 

Antecedentes

 

La zona ocupada por la actual reserva fue propuesta inicialmente en 1975 como Parque Nacional con una extensión de 280.000 ha, pero no reconocida por el gobierno boliviano antes de su recategorización y declaración como Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1977 (1). Por diversas razones el área permaneció casi diez años sin ninguna forma de implementación.

 

La apertura de la carretera Yucumo-Rurrenabaque en 1978, abrió las puertas a la colonización y a un auge maderero en la región.

 

En el marco del “Proyecto de colonización Yucumo-Rurrenabaque”, durante toda la década de los 80 el gobierno boliviano promovió la colonización de la región, política que se caracterizó por el incumplimiento de muchas de las promesas hechas a los migrantes en cuanto a asesoramiento técnico y provisión de infraestructura y servicios, debido por parte a una corrupción generalizada en el proceso de otorgamiento de tierras.

 

En 1991, la demanda de los pueblos indígenas del área de Pilón Lajas por un Parque Nacional y Territorio Indígena después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) llevó a la creación, el 9 de abril de 1992, mediante el Decreto Supremo N°23.110, de una Reserva de Biosfera dentro de los límites del Territorío Indígena (RB-TI) Pilón Lajas. El área tiene a partir de entonces una extensión total de 400.000 ha.

 

Cuadro N°1: Un difícil experimento en coadministración

 

Entre 1993 y 1994, la ONG francesa VSF (Veterinarios Sin Fronteras), activa en la zona desde 1989 con un pequeño proyecto de apoyo a los colonos con técnicas de producción agropecuaria asumido desde el trabajo de la organización Save The Children, emprende un primer diagnóstico del área con financiamiento de la Unión Europea. Este servirá de insumo el año siguiente para la elaboración del plan quinquenal de manejo de la reserva, financiado por el Fondo de Contravalor de la Deuda Bilateral Bolivia-Suiza (COSUDE). Desafortunadamente, por falta de tiempo y de interés por parte de los colonos, este diagnóstico “participativo” se hace sin ellos, por lo que se calificará posteriormente de diagnóstico semi-participativo.

 

En febrero de 1996 se firma un convenio de coadministración entre VSF y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a través de la DNCB, para un período de cinco años y con la directiva explícita de respetar la dinámica de desarrollo de la región. Con apoyo de varios donantes de la Unión Europea (2), VSF inicia los trabajos preliminares para la planificación y el manejo del área.

 

El mismo año se constituye el Comité de Gestión con representantes de las organizaciones de base locales, del gobierno (DNCB, VAIPO y Dirección del área), de VSF y de la Alcaldía de Rurrenabaque, al cual se incorporan rápidamente otros miembros para finalmente abarcar un amplio panorama de participación local, de acuerdo con las nuevas Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa.

 

En paralelo, se implementa la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), institución de adjudicación de tierras que en abril de 1997, otorga al territorío indígena del Pilón Lajas el Titulo Ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen (TCO, N° TCO-0803-0003). En comparación con la anterior figura jurídica, este consolida los derechos colectivos de uso y acceso a la tierra de los indígenas chimanes y mosetenes, representados desde esta época por el Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM).

 

Sin embargo, el alto grado de conflicto con las organizaciones locales (indígenas y colonos) comprometen la gestión de VSF y la obligan a devolver la administración de la reserva al gobierno (representado por la DNCB, el actual SERNAP) para asegurar la continuidad de sus proyectos de desarrollo en el área.

 

“[...] VSF ha sido permanentemente hostigada por colonos y grupos de motosierristas, llegando incluso a extremos tales que algunos de sus miembros fueron secuestrados cuando los colonos ocuparon sus oficinas en mayo de 1996. El argumento aparente fue la falta de diálogo entre VSF con las organizaciones locales de colonos y motosierristas, pero la razón de fondo es que estos últimos quieren mantener un esquema de acceso abierto a los recursos forestales de la reserva, tal como sucedió en el pasado. A principios de 1998 las tensiones con VSF se intensificaron hasta el punto que el Ministro [a cargo] determinó que la reserva pase a la administración de la DGB(3).

 

Esta transferencia de autoridad, que toma efectividad en mayo de 1998, da inicio a la forma de administración actual del área, la cual gracias a la continuación del apoyo financiero de VSF (hasta el año 2000) logró transformar la reserva de una de las áreas más conflictivas a una de las más implementadas del país (4).

 

Administración

 

Debido a la doble condición del área, la administración de la RB-TCO Pilón Lajas tiene como misión combinar la conservación de la riqueza biológica que alberga con el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas asentadas, que dependen de un amplio rango de recursos naturales para su subsistencia, sea por su uso directo o comercialización.

 

El equipo de gestión se compone de un director, un jefe de protección, un equipo de 16 guardaparques, una secretaria y un chofer (para optimizar el uso y asegurar el mantenimiento de los vehículos). Recientemente se contrató un técnico en participación social, cuyo papel será fortalecer las relaciones entre los diferentes actores de la reserva. En un futuro próximo se tiene previsto contratar a un técnico en comunicación y educación ambiental con fondos de CI-USAID.

 

Por la falta de recursos financieros (la imagen menos “prestigiosa” de la reserva frente al PN-ANMI Madidi dificulta la recaudación de fondos) (5), desde hace dos años las actividades del cuerpo de protección se han visto restringidas a operaciones de control y vigilancia, mientras que el mejoramiento de las relaciones entre la administración y los pobladores locales, en particular el sector colono, requiere que se les informe permanentemente sobre los objetivos del área y oportunidades de desarrollo y que se les apoye en sus necesidades más urgentes.

 

Por otra parte, cada año se repite un desfase en el desembolso de los fondos vinculados al Proyecto GEF-II, que representa más del 60% del presupuesto anual de la reserva. Tal desfase afecta no solamente el pago de los sueldos de los guardaparques (y de los demás empleados) durante los tres a cuatro primeros meses del año desde hace 3 años, pero tiene como consecuencia la interrupción de las fundamentales actividades de control y vigilancia. En la ausencia de los guardaparques, en muchos casos los infractores vuelven a penetrar el área y retomar sus actividades (caza, pesca, cuartoneo, chaqueos).

 

                   

Una singularidad de la reserva es la presencia de una mujer en el cuerpo de protección. Foto: MSD

 

En forma general, el hecho de que el 70% del presupuesto de la reserva (6) provenga de fuentes extranjeras somete el cumplimiento de los diferentes programas del Plan de Manejo a los caprichos de la cooperación internacional. Uno de los principales problemas vinculados a esta situación es la reducción drástica en los montos otorgados durante períodos de crisis económica, como ocurrió en 1996, cuando la Unión Europea decidió retener todos sus desembolsos a VSF. Por la misma falta de recursos, el cuerpo de protección carece del equipamiento mínimo para llevar a cabo sus labores y no ha podido concluir su programa de capacitación.

 

Estos antecedentes son fuentes de preocupación para la administración de la reserva, cuyo presupuesto para el próximo año depende en gran medida de la renovación del apoyo financiero del GEF al SNAP boliviano (GEF-III). Se anticipa una nueva discontinuidad en el desembolso de los fondos a principios de 2006.

 

No obstante, a pesar de la escasez de fondos y personal, se lograron iniciar labores de sensibilización sobre el tema agrario (ley INRA) y seis guardaparques se capacitaron en comunicación y educación ambiental. Se dio también una serie de cursos sobre prevención y manejo de incendios forestales (con CARE-Bolivia) y se prevee en el futuro tener un panel completo de competencias y especializaciones dentro del equipo de guardaparques con el fin de mejorar y desarrollar el relacionamiento del cuerpo de protección con los pobladores locales (tanto indígenas como colonos) y los turistas.

 

Para los patrullajes, dentro y fuera de los límites del área protegida, se dispone de un jeep, una camioneta, cinco motocicletas, dos cuadratracks y dos botes en mal estado. Se está actualmente gestionando la adquisición de dos nuevas embarcaciones y la ONG Conservación Internacional (CI) financia el mantenimiento de los vehículos deteriorados. El ejército colabora ocasionalmente con el cuerpo de protección (una vez entraron 60 soldados para intervenir asentamientos ilegales), pero el apoyo logístico que se requiere limita mucho las posibilidades de colaboración.

 

                             

Una de las nuevas motocicletas delante la oficina central de la reserva en Rurrenabaque. La falta de vehículos impide una vigilancia efectiva del área. Foto: Stéphane Pauquet (hereafter, SP)

 

Recientemente se realizó la actualización del Plan de Manejo con financiamiento de CI y contraparte de WCS. El nuevo Plan de Manejo, cuyo diagnóstico técnico se encontraba en fase de validación cuando se redactó este informe, hace hincapié en la parte social en base a una serie de talleres (auto-diagnósticos) que se realizaron con las comunidades indígenas y colonas. Estas últimas reconocen que se les consultó más que durante la elaboración del primer Plan de Manejo y parecen más dispuestas a validarlo. Por lo tanto, la situación que se plantea en la actualidad es un mayor reconocimiento al área protegida que a la TCO. En este contexto, reconociendo que una de las prioridades para insertar a la población local en el proceso de gestión, es el fortalecimiento del CRTM, otro logro importante es el convenio de concertación que firmó esta institución con la administración del área para el manejo coordinado de la RB-TCO.

 

Una de las recomendaciones del nuevo Plan de Manejo es la sistematización del conocimiento científico muy disperso sobre el área, mientras que equipo redactor no contempla la ejecución de nuevos estudios científicos.

 

Participación

 

Si bien logró crear un espacio de concertación en torno a la elaboración del Plan de Manejo y la expulsión de las empresas madereras ilegales, el Comité de Gestión conformado en 1996 bajo el impulso de VSF sufría de una inadecuada representación del sector indígena frente a los colonizadores, la cual condujo a tensiones entre los dos sectores y a la suspensión de sus actividades a partir de enero de 1998.

 

Con la llegada del nuevo director en 2002 se conformó un nuevo Comité de Gestión, cuya composición otorga hoy mucho más representatividad a las organizaciones indígenas. El Comité actual se compone de representantes de:

 

- los cuatro municipios con jurisdicción sobre el área;

- el CRTM y el Gran Consejo Tsimane (GCT);

- seis comunidades indígenas del área, y;

- el director del área y el SERNAP.

 

Debido a la dificultad que se tiene para nombrar un único representante de las tres federaciones de colonos, en la actualidad este sector no cuenta con ninguna representación, lo que vuelve a debilitar la legitimidad de las decisiones tomadas. Según el director de la reserva es probable que se termine otorgando tres votos al sector colono para resolver el problema.

 

Se observa por otra parte un fuerte desbalance en el grado de participación de los diferentes miembros del Comité: con el rol mucho más activo que juegan los representantes de los municipios frente a los representantes indígenas, se tiende a mantener la estructura tradicional de poder que se buscaba desmantelar con la promulgación de la Ley de Participación Popular y los Comités de Gestión. Esto se ve agudizado por el reciente traslado de la presidencia del Comité del CRTM al municipio de Rurrenabaque. Si bien la pasividad latente de los originarios en las reuniones del Comité de Gestión se logra parcialmente compensar por las asambleas trimestrales de Corregidores, el reciente deterioro de la coordinación entre el CRTM y la administración de la reserva está contribuyendo a una paulatina erosión de la noción de doble administración. Este tema se desarrolla más adelante en la sección de Amenazas.

 

Zonificación

 

La zonificación propuesta en 1997 se basaba en los patrones de uso de recursos naturales de la época, cuando todavía operaban madereros informales. La presión ejercida sobre la fauna por los cuartoneros en el valle del Río Quiquibey causaron que las áreas de caza de los indígenas estuvieran más alejadas del río; al disminuir la actividad forestal, ellos volvieron a cazar en las áreas alrededor de los ríos y arroyos cerca de sus comunidades (7). El Plan de Manejo 1997-2001 redefinió la zona de cacería según esta realidad, reservando entre 30.000 y 40.000 has para manejo forestal en otra zona.

 

La zonificación actual de la reserva establece una división en seis zonas (8):

 

Categoría de zonificación

Usos permitidos

% del área

Zona núcleo

Conservación e investigación científica

17

Zona de amortiguación

Conservación y protección de cuencas

33

Zona de uso extensivo extractivo

Caza, pesca y recolección por comunidades indígenas

25

Zona de aprovechamiento de recursos naturales

Desarrollo sostenible de las comunidades indígenas

25

Zona de uso intensivo no extractivo

Desarrollo de actividades turisticas y recreativas

n/a

Zona de uso especial

Infraestructura de utilidad pública

0,01

 

Aproximadamente la mitad de la reserva está zonificada para la conservación (zona núcleo y zona de amortiguamiento), mientras que el otro 50% está designado, principalmente, para el manejo de recursos naturales por parte de las comunidades, correspondiendo este último a las áreas tradicionalmente utilizadas por las comunidades indígenas.

 

Como se puede ver en el mapa, el Plan de Manejo 1997-2001 identifica tres áreas de especial interés biológico que propone como zonas intangibles: las serranías Beu y Chepete (incluso el bosque en terrazas aluviales cerca del río Suapi, la única muestra de bosque amazónico poco intervenido por debajo de los 500 msnm); el bosque nublado en la cima de la serranía Pilón, que constituye, como se mencionó anteriormente, uno de los bosques más diversos del país; y la serranía del Bala, que, a pesar de haber formado parte de una concesión forestal (Monte Redondo) queda poco perturbada por su difícil acceso y ha sido muy poco estudiada.

 

Tratándose en cada caso de áreas donde la vegetación no ha sido perturbada y en general donde ha habido poco impacto humano, esas tres zonas se constituyen en las únicas oportunidades de preservar ecosistemas prístinos en la reserva.

 

                

El mapa de zonificación propuesto en el Plan de Manejo de 1997 se tuvo que actualizar en base a la nueva realidad del área. Fuente: VSF, 1998

 

Infraestructura

 

El equipo de manejo se encuentra repartido entre una oficina principal situada en Rurrenabaque y cinco campamentos:

 

- Suapi

- Asunción

- Km 34 (antiguo centro de operaciones de VSF, temporalmente puesto a disposición de la administración de la reserva)

- Alto Colorado

- El Pino

 

Estos campamentos se encuentran en condiciones de estado heterogéneas: el campamento Pino necesita una restauración total, mientras que los campamentos Suapi y Colorado se encuentran en buen estado. Faltan embarcaciones y se necesita un nuevo motor (peque peque) para poder patrullar el río Quiquibey.

 

Para lograr un mejor control de la explotación maderera y una mayor coordinación con el cuerpo de protección del PN-ANMI Madidi, hasta fines de año está prevista la construcción de un nuevo campamento en el Susy (río Beni), cerca de la entrada a la reserva. El contrato de usufructo del terreno está por firmarse con la comunidad. Se tiene fondos para la construcción de un segundo campamento en la Cascada, donde la administración está considerando la compra de un terreno para poder seguir operando en caso de deterioro de las relaciones con la comunidad.

 

La construcción de un centro de interpretación (a cargo del ICIB y CI con fondos de USAID), programada para el año pasado, se encuentra todavía en la espera de una aprobación por la unidad central del SERNAP. Las obras del campamento previsto para el sector de Cascada (zona de intensa colonización) se detuvieron también debido a la demora de las pericias de campo del INRA en el marco del saneamiento de la TCO en 2004.

 

De una manera general, se puede concluir que a pesar de los paulatinos avances, la reserva carece todavía de una infraestructura de protección adecuada, sin hablar de la incipiente infraestructura turística.

 

            

                El campamento Pino necesita una refección total. Foto: SP

 

__________

 

(1) Robison, D., I. Brugioni, L. Marcus y E. Guayao. 1997. Aportes sobre experiencias de manejo de las areas protegidas del Beni. Implementación de la RB-TCO Pilón Lajas: una experiencia de admnistración compartida de un área de doble condición.

(2) La embajada de Holanda (DGIS) (34%), la embajada de Gran Bretaña (DFID) (29,2%) y la Unión Europea como tal (33,4%).

(3) Pavez, I. 1998. Rurrenabaque: motosierristas y dilemas para la conservación de los bosques. En P. Pacheco y D. Kaimowitz (Eds.). Municipios y gestión forestal en el trópico boliviano. 489 pp.

(4) MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas protegidas de la Amazonia boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.

(5) Los programas de Educación e Interpretación Ambiental, Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento y Manejo de Recursos Naturales sólo cuentan con financiamiento parcial o indirecto a través de programas y proyectos de instituciones como CI, WWF y WCS.

(6) El presupuesto anual asignado a la RB-TCO para 2004 es de US$ 270.000 (provenientes esencialmente de los proyectos GEF-II del Banco Mundial y PL-480 de USAID), de los cuales unos US$ 65.000 se destinan a la construcción de un centro de interpretación y de dos nuevos campamentos en el río Beni.

(7) De Vries, A. 1998. Territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia: un análisis de su estado a 1998. CIDOB/CPTI/Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo. 78 pp.

(8) VSF. 1998. Plan de Manejo 1997-2001- Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. Versión Final. Veterinarios Sin Fronteras.

 

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