Información general
Resumen
Descripción
Amenazas
Soluciones
Conclusiones
Referencias

 

 

 

Los bosques de Yungas constituyen uno de los biomas más afectados por la actividad humana en Bolivia, con extensas superficies ocupadas en forma inapropiada (Hanagarth y Arce, 1986; Ribera, 1995a). En su trabajo a nivel del corredor Amboró-Madidi, la ONG FAN considera que los Yungas de La Paz se encuentran en un estado de conservación crítico (Araujo y Ibisch, 2000). Asimismo, el WWF considera a los bosques húmedos de los Andes centrales como una ecorregión severamente amenazada (Olson et al., 2000).

 

La principal vía de acceso a las tierras bajas del norte y noreste del país (departamentos de La Paz, Beni y Pando) desde la ciudad de La Paz la constituye la carretera Coroico-Caranavi-Yucumo. Su construcción en la década de los 30 y luego su consolidación en los 70 generó una ola migratoria y el establecimiento de muchos asentamientos en los frágiles ecosistemas de Yungas. Este hecho, sin duda, aumentó significativamente la presión humana en el principal valle del PN-ANMI Cotapata. Por otra parte, la construcción y reciente apertura de un nuevo tramo entre Cotapata y Santa Barbara impacta directamente a un 10% del área (cerro Nogalani y parte baja del río Huarinilla) con el riesgo de derrumbes y deslizamientos (Saucedo y Lavayen, 2003).

 

                 

El antiguo camino a los Yungas, bautizado “Carretera de la Muerte” por el peligro que lo caracteriza. Foto: C. Leroy

 

A pesar de esto, una baja densidad humana y la falta de vías de comunicación han contribuido a mantener inalterada una gran proporción del área, que se encuentra naturalmente protegida por su abrupta topografía (Ribera, 1995a).

 

En su plan estratégico de protección (SERNAP, 2003), la administración del área asigna valores numéricos a las varias presiones identificadas dentro del área. Según este documento, las principales presiones al PN-ANMI Cotapata se deben a: la construcción de la nueva carretera, las quemas descontroladas, los asentamientos humanos y las actividades mineras.

 

La presente evaluación llegó a resultados similares:

 

PRESIONES:

 

- Alto nivel de conflicto social

- Construcción de la carretera Cotapata-Santa Barbara

- Minería aurífera

- Chaqueos e incendios

- Aislamiento y tamaño reducido del área

 

AMENAZAS:

 

- Colonización humana

- Turismo

- Construcción de represas

- Cultivo de la coca

 

Existen otras presiones menores sobre el área protegida pero no pueden ser consideradas como amenazas. Tienen que ver con la utilización de los recursos por las poblaciones locales, el turismo y el manejo del área. Están descritas en las partes del perfil correspondientes. Aunque la colonización de tierras ya empezó en la zona, no es muy importante y será mucho más preocupante en el futuro.

 

                                               _____________________

 

PRESIONES

 

Alto nivel de conflicto social

 

La desconfianza de los residentes hacia la administración del área se debe a la implementación de una política de manejo prohibitiva y poco participativa en los inicios de la gestión del área y al fracaso de proyectos de desarrollo alternativo pasados (p. ej. el proyecto Agroyungas, Robison et al., 2000; Sevilla Callejo, 2003). La posición de las comunidades se debe en gran medida a la falta de concertación que prevaleció en la creación del área protegida (Robison et al., 2000). Esta situación se vio agudizada por la actitud esencialmente conservacionista y policial de la primera administración, que se opuso de inmediato a la mayoría de los usos tradicionales vigentes (caza, tala y quema, etc.). Se suma a estos aspectos, la mala relación de la primera administración del parque con el jefe del programa de protección del cerro Nogalani, bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Caminos, y tensiones entre la población minera, las comunidades del parque y la empresa encargada de la de construcción de la carretera Cotapata-Santa Barbara.

 

Varios años de tensiones resultaron en un rechazo general del área protegida que ha persistido hasta la fecha, manipulada y mantenida deliberadamente por algunos dirigentes y a pesar de cambios notables en la actitud del cuerpo de protección.

 

Sin embargo, cabe destacar que no solo los errores cometidos por la administración del área protegida, habrían deteriorado las relaciones con las comunidades locales, sino que otros factores han perjudicado una mejor gestión: Los problemas de manipulación política de las dirigencias locales, muchas veces corruptas; la desinformación; el poco nivel organizativo de las comunidades y una visión de corto plazo; la intolerancia hacia el Estado y las instituciones gubernamentales crearon un escenario opuesto a un relacionamiento amigable y fluido.

 

Si bien en 1999 la administración del parque empezó a organizar talleres participativos para identificar las necesidades de los residentes del área, por un lado muchas de las demandas formuladas no fueron consideradas por no corresponder a los objetivos o competencias del equipo de manejo, y, por otro, el cambió de director generó el abandono del proceso.

 

Una dificultad inherente a la gestión del área protegida era su insuficiente presupuesto, que no permitía una estrategia de acercamiento con “regalos” a las comunidades, dificultando el diálogo y el intercambio de información entre los comunarios y el cuerpo de protección. Tampoco existió un espacio adecuado para lograr transmitir el rol y alcance de la entidad gubernamental administradora (el SERNAP). Cuando se lograba un espacio de reunión, generalmente se mezclaban los problemas, las demandas y los reclamos y se exponían temáticas que se encontraban en muchos casos fuera de las competencias de esta institución.

 

Debido a estas malas relaciones, la implementación del SISCO por la administración en 2001 fue un fracaso, la ONG Trópico estuvo a punto de abandonar sus actividades en la zona y el programa COBIMI fue totalmente cancelado. El BIAP, a cargo del mantenimiento de los puentes del Choro y de la construcción de una central hidroeléctrica en la comunidad de Chucura, encontró por su parte grandes dificultades en la ejecución de sus proyectos, y la elaboración del plan de manejo se atrasó varios años, al igual que el proceso de saneamiento de tierras previsto por el INRA.

 

No obstante, a partir de la implementación del proyecto BIAP se registró un viraje notable en la actitud de las comunidades, que empezaron a prestar interés en la gestión del área protegida y a comprometer más su participación, atraídas por la llegada de fondos para proyectos de desarrollo en sus comunidades (1). Este cambio de posiciones y apertura, permitieron el desarrollo de la elaboración del Plan de Manejo y allanaron el camino para la instalación de los proyectos sugeridos.

 

Aún si las relaciones se han logrado mejorar significativamente en los últimos años, el alto nivel de conflicto que permanece entre ciertas comunidades y la administración del área representa una amenaza permanente para el área, y por lo tanto un obstáculo para su manejo efectivo en el futuro.

 

Construcción de la carretera Cotapata-Santa Barbara

 

Esta nueva infraestructura vial, que, en parte, sustituye la antigua vía de acceso a los Yungas, presenta un carácter muy ambiguo respecto al parque: aunque está obra puede ser considerada como una de sus mayores amenazas, es también ella que permitió la creación del área protegida, como “medida de compensación” de los impactos ambientales generados (ver parte Manejo).

 

La carretera La Paz-Coroico-Caranavi es el principal acceso a los Yungas y al departamento del Beni desde el Altiplano. Es parte del proyecto “Corredor de Comunicación Oeste-Norte” que une por vías carreteras el Beni al Perú. Empezó la construcción del tramo de 48,8 km entre Cotapata y Santa Barbara en 1995 con el objetivo de reemplazar un tramo del antiguo camino, muy estrecho y con gigantescos precipicios, conocido a nivel internacional como el “camino más peligroso del mundo” por la cantidad de accidentes que se registra cada año.

 

No obstante, la ubicación de esta nueva ruta en una zona de inestabilidades geológicas en las laderas del cerro Nogalani produjo importantes retrasos en la finalización de las obras (iniciadas en 1995) y condujo a un costo desmesurado de 180 millones de dólares, o US$ 3,7 millones por kilómetro (Saucedo y Lavayen, 2003), por lo que se considera este proyecto vial, bajo la responsabilidad del consorcio Andrade-Gutiérrez-Copesa-Minerva, como una de las mayores obras de ingeniería civil jamás llevadas a cabo en el país (Sevilla Callejo, 2003).

 

 

Antigua carretera a los Yungas. La inestabilidad geológica de las laderas donde fue construida conduce a un sinnúmero de deslizamientos. Fotos: izq.: SP; der.: MSC

 

El gobierno boliviano promueve la construcción de carreteras por ser estas una necesidad prioritaria para el desarrollo del país pero también para aumentar su peso político. Sin embargo, muchas veces carece de conciencia e interés en los instrumentos de planificación económica y evaluación del impacto ambiental (CEPF, 2001). En cuanto al estudio de impacto ambiental de la carretera Cotapata-Santa Barbara, se realizó en 1990 - es decir antes de la aprobación de la Ley de Medio Ambiente N°1.333 de 1992 - y resultó insuficiente y de carácter muy general.

 

La carretera afecta al área suroriental del PN-ANMI, en la alineación Cerro San Rafael - Nogalani y su entorno, área baja del río Huarinilla y cuencas de los ríos Chairo, Azucarani y Elena, con una superficie de aproximadamente 6.000 ha y con importantes impactos sobre el bosque nublado (Sevilla Callejo, 2003; Sevilla Callejo et al., 2003). Cabe señalar que estos bosques ya no se encontraban en condiciones prístinas al momento de iniciarse las obras, por la existencia de un aserradero que extraía pino de monte, nogal y aliso. En cuanto a la cobertura vegetal de la ladera norte del valle de Huarinilla, ésta se encuentra probablemente degradada desde hace siglos (Ribera, 1995a).

 

               

La construcción del túnel San Rafael determinó un importante aumento en el costo de la obra. Foto: MSC

 

Los deterioros mayores asociados con esta obra se deben a la remoción de vegetación y de grandes cantidades de tierra en zonas de suelos frágiles e inestables, aparentemente debido a un descuido de este aspecto en la planificación de las obras. Otros impactos significativos son la erosión de suelos, el desvío y la contaminación de las aguas superficiales y la acumulación de desechos sólidos (cemento, diesel y basura) en los campamentos obreros, de los cual muchos fueron abandonados sin ninguna operación de limpieza. 

 

                            

La construcción de caminos en esta zona genera grandes pérdidas de cobertura vegetal y erosión de suelos. Foto: SP

 

Por otra parte, las precipitaciones de carácter torrencial sobre grandes desniveles (que superan en casi toda la zona los 20°) propician un elevado riesgo de inundación en las líneas de evacuación de las microcuencas, especialmente en las vertientes deforestadas (Sevilla Callejo, 2003; Sevilla Callejo et al., 2003).

 

No menos de 73 sitios fueron utilizados para verter los 10 millones de metros cúbicos de tierra generados por las obras de desmonte y aplanamiento del terreno por el que discurre la nueva infraestructura (Saucedo y Lavayen, 2003). Aunque los derrumbes naturales son parte de la dinámica natural del lugar, se prevé que estos numerosos “buzones” tendrán un impacto notable y por mucho tiempo sobre las propiedades físico-químicas de los ríos Elena, Azucarani, Chairo y Huarinilla. Por otra parte los precarios e incompletos sistemas de drenaje de la carretera ya han empezado a generar serios problemas de erosión.

 

A pesar de no existir datos cuantitativos sobre el impacto para la fauna de los ríos afectados, se tiene información de la desaparición de algunas especies, como el perrito de río (Lutra longicaudis) y algunas especies de peces. Muchas aves fueron también ahuyentadas por el ruido producido por las maquinarias y el uso de dinamita. A la pérdida de hábitats para muchas especies de vertebrados se une el efecto barrera que constituyen construcciones lineares como carreteras para ciertas especies de mamíferos (Sevilla Callejo, 2003; Sevilla Callejo et al., 2003). Una parte importante del bosque montano del valle Elena se encuentra así “encerrada” entre la antigua y la nueva carretera.

 

La construcción de la carretera generó también considerables problemas para las poblaciones humanas, destruyendo áreas de aprovechamiento agrícola con huertos, plantaciones de plátano, maíz, cítrico y café (aunque existe un programa de indemnización) y aumentando el riesgo de inundación en el fondo del valle Huarinilla, en particular en los alrededores de la comunidad de Pacallo. La pérdida de suelos productivos debe tomarse en cuenta cuando se miden los impactos de las obras sobre la situación socioeconómica de la zona (Sevilla Callejo et al., 2003).

 

A mediano plazo, la principal amenaza indirecta que trae esta carretera para el área son las invasiones por campesinos sin tierras y la creación de nuevos asentamientos humanos. El retraso en el proceso de saneamiento en la región y el fracaso de los talleres informativos organizados por el INRA para su implementación conforman un escenario delicado para la administración del área, que carece de respaldo para hacer aplicar las normativas. Por otra parte, el mejoramiento del acceso a Coroico desde La Paz hace prever el crecimiento tanto de la población como de la demanda turística. En la ausencia de una planificación y control a nivel regional, es seguro que el desarrollo turístico terminará afectando el área protegida, especialmente por el incremento considerable de operaciones inmobiliarias en sus inmediaciones y el aumento del número de visitantes.

 

Por último, todos los entrevistados, incluyendo a funcionarios del SNC, admiten que la carretera Cotapata-Santa Barbara tiene un impacto ambiental particularmente alto, probablemente mayor al de cualquier otro camino en el país. El Proyecto de Protección Ambiental del Cerro Nogalani (PPACN), cuyo objetivo era de monitorear los impactos ambientales de la obra, fue poco eficaz e inicialmente mal coordinado con el SERNAP. Por falta de seguimiento y control, no se cumplió con casi ninguna de las medidas de mitigación, como por ejemplo la reforestación de la zona.

 

                      

       Artículo de prensa parecido en 2004 en la revista Escape. Fuente: MSC

 

Minería aurífera

 

Se conoce por tradición oral que los españoles explotaron oro en la época de la colonia (Quiroga Veizaga, 1996), pero las actividades mineras se resumieron solamente hace unos 15 a 20 años. Aunque se encuentren un gran número de concesiones, las actividades se realizan en pequeña escala.

 

Dado que la explotación del estaño y del wólfram terminó con la caída de los precios de estos minerales en los años 80, permanecen a la fecha únicamente los buscadores de oro. No se conoce el número actual de mineros activos en el área, pero se ha registrado un fuerte crecimiento de la actividad minera en la última década (Trópico, 1999). La mayoría de los mineros viven en La Paz o en El Alto e ingresan al área para períodos de algunas semanas. Las minas ubicadas en las tierras altas explotan oro de veta (roca primaria), mientras que en las tierras bajas “barranquilleros” extraen oro del lecho de los ríos. En 1996, la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad identificó un total de 60 explotaciones de este tipo en el área (Fundación MEDMIN, 1996, en Trópico, 1999), de las cuales quedarían 20 a 30 en la actualidad (Quispe-Mendoza, com. pers.). La dinámica de esta actividad en la zona se caracteriza por un constante cierre y apertura de minas.

 

En las tierras altas, la actividad minera se concentra cerca de Coscapa, en un ambiente de ceja de monte (3.000 mnsm), en la cabecera del río Chairo (cooperativas Jesús del Gran Poder, Unión Ideal y Cotapata Ltda) y del río Coscapa (coop. San Luis, cerca de Pongo). Estos dos ríos son afluentes del río Huarinilla, a la orilla del cual se encuentra la cooperativa Virgen de Rosario (en Santa Rosa). Entre estas dos zonas está la cooperativa “Tres Hermanos”, en la orilla del río Chairo cerca de su confluencia con el río Huarinilla. Una otra zona minera dentro del área la constituye la cuenca del río Cielo Jahuira, en el extremo Norte del parque.

 

Es permitida la actividad minera en Bolivia siempre y cuando las empresas explotadoras cuenten con su licencia ambiental. Esta licencia, otorgada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación en base a un informe técnico del Viceministerio de Minería y Metalurgia, establece las condiciones, acciones y medidas específicas de control ambiental que cualquier explotación minera debe observar y cumplir (Fundación MEDMIN, 2001). Sin embargo, no existe todavía ninguna disposición legal respecto a la presencia de minas en áreas protegidas. Las tres cooperaciones con actividad oficial dentro del PN-ANMI Cotapata cuentan con una licencia ambiental, pero la administración no tiene la capacidad para realizar un control regular de sus actividades y la acción de los guardaparques se limita generalmente a instrucciones sobre el manejo de los desechos sólidos y la construcción de letrinas.

 

En las explotaciones mineras, el daño causado al medio ambiente durante la extracción del mineral es mínimo en comparación con los impactos asociados con la etapa de concentración gravimétrica, durante la cual se emiten lodos y colas a los ríos, y la etapa de amalgamación y fundición, que resulta en la emisión de mercurio a la atmósfera y las aguas (Fundación MEDMIN, 2001). El mercurio es especialmente problemático por su persistencia en el medio ambiente y su acumulación en los tejidos. En los ecosistemas acuáticos el mercurio se convierte en metil-mercurio por medio de la actividad microbiana y en está forma se acumula en la cadena alimenticia. El mercurio atmosférico vuelve por su parte a contaminar los ecosistemas terrestres por su disolución en el agua de lluvias. Se estima a 330 toneladas la cantidad de mercurio rechazada en el medio ambiente del país desde 1952 (Maurice-Bourgoin et al., 2000).

 

                           

Los derrumbes causados por la actividad minera afectan a la hidrología del área. Foto: SP

 

Un análisis de la concentración de mercurio de los ríos Chairo y Huarinilla realizado en 1996 llegó a valores de hasta 400 veces más altos que los límites establecidos por la OMS (Quiroga Veizaga, 1996). Más allá del impacto directo del uso de mercurio al aire libre sobre la salud de los mineros, los peces de estos ríos no son aptos para el consumo. A pesar de los esfuerzos realizados por la Fundación MEDMIN (Medio Ambiente, Minería e Industria) a fines de los años 90, la cual proporcionó asistencia técnica a algunas cooperativas en la adquisición de tecnologías menos contaminantes y de mayor rendimiento, muchas explotaciones siguen vertiendo su mercurio directamente a los ríos.

 

Además de la contaminación por mercurio, la actividad minera es responsable de derrumbes, apertura de sendas y acumulación de desechos sólidos dado que los campamentos se manejan y abandonan generalmente sin ninguna operación de limpieza.

 

Chaqueos e incendios

 

Aunque la superficie directamente utilizada para la actividad agropecuaria es relativamente reducida, las prácticas utilizadas y una posible expansión poco planificada de las mismas implicarían un cierto grado de amenaza para la integridad del área.

 

Asimismo, a pesar de responder a objetivos específicos, como la renovación de los pastos para la cría de llamas y alpacas o la matanza de víboras y otras plagas, la quema de pajonales en las tierras altas es una costumbre antigua, considerada en muchos casos como irracional y sin fundamento (Aramayo, 1998). Ribera (1995a) explica también que muchas de las quemas se realizan por pura “costumbre” y sin control. Cabe señalar que una parte de los incendios que se producen en el área son causados por juegos de niños, en particular en el período más seco (junio y julio).

 

Estas quemas estacionales tienen impactos negativos sobre la fauna por la destrucción de sus hábitats y por el humo y las altas temperaturas que se generan. Esta problemática se observa también en el páramo yungueño, donde los cambios florísticos producidos por las quemas provocan cambios en el régimen hídrico (Ribera, 1995b; Lilienfeld, com. pers.).

 

                   

La instalación de parcelas agrícolas en laderas escarpadas genera intensos procesos erosivos. Foto: SP (inmediaciones del AP)

 

En unas jornadas sobre variabilidad altitudinal en los Yungas que se dieron en julio de 2004, Beck sostuvo que estas quemas tienen un origen ancestral y que es muy probable que el paisaje de puna andina que encontremos en la actualidad esté directamente relacionado con ello.

 

En las tierras bajas, como ya se ha comentado, los sistemas de explotación agraria, agricultura de tumba y quema, junto a cultivos permanentes de cítricos y café, y, cada vez con más frecuencia, cultivos de coca, sobre, muchas veces, fuertes pendientes, presentan una dinámica de expansión por la construcción de la nueva carretera, lo que se traduce en remoción de cobertura vegetal, incendios periódicos y desestabilización de laderas. Por tanto, si bien el avance de la frontera agrícola parecía haberse detenido en las últimas décadas - se ha demostrado que la superficie dedicada a la agricultura en el cerro Nogalani y en el valle bajo del río Huarinilla era mayor hace tres décadas que en la actualidad (Sevilla Callejo, 2003) - mientras no se propongan actividades alternativas, especialmente para los residentes actualmente empleados en la construcción de la carretera, el área enfrentará una importante presión de expansión y vuelta al trabajo en las tierras ahora abandonadas o sobre zonas relativamente bien conservadas.

 

Aislamiento y tamaño reducido

 

El hecho que el PN-ANMI Cotapata sea el área protegida más pequeña y aislada de las siete áreas del corredor de conservación “Amboró-Madidi” pone en duda su viabilidad para la conservación de la biodiversidad (Araujo y Ibisch, 2000). En base a los criterios empleados por la ONG WCS para la planificación de conservación a nivel de paisaje (Coppolillo et al., 2004; Gómez, 2003), se concluye que la superficie de bosque montano del PN-ANMI Cotapata no es suficiente para garantizar la supervivencia del oso andino (Tremarctos ornatus), una de las especies emblemáticas del área (2).

 

                  

         Paisaje intervenido en el borde del límite oriental del área. Foto: SP

 

No obstante, cabe destacar que existe al norte del área un extenso territorio poco a no intervenido, aún sin proteger donde las poblaciones de osos andinos encuentran, por el momento, un hábitat adecuado.

Identificando vacíos de conservación en el corredor, las ONGs FAN y Trópico identificaron un área prioritaria en los Yungas de La Paz y Cochabamba, en conexión directa con el PN-ANMI Cotapata. Para Ibisch (2000), el vacío de conservación más urgente se localiza en el noreste del PN-ANMI Cotapata, mientras que para la ONG Trópico, el vacío de conservación más importante se extiende en una zona de 10.000 Km² en el sureste del área (en el denominado “Sub-Corredor Cotapata-Cotacajes”). A pesar de estas contradicciones, esencialmente debidas al uso de criterios distintos de una institución a la otra, se desprende de todos los análisis de vacíos de representatividad que la zona del PN-ANMI Cotapata es de alta prioridad para la conservación.

 

 

AMENAZAS

 

Colonización humana

La mayor amenaza que se plantea para el área protegida está directamente relacionada con el aumento de la presión humana a raíz de las mejoras en la accesibilidad al territorio como consecuencia de la apertura de la nueva infraestructura vial. Asimismo, hay que señalar que esta amenaza está estrechamente relacionada con la falta de claridad respecto a la tenencia de la tierra en esta zona y la consiguiente llegada de colonos y especuladores de tierras. La apertura de la nueva carretera ya generó un incremento notable en el precio de los terrenos en la parte baja del área protegida para la construcción de residencias secundarias (Trópico, 1999), y se estarían realizando importantes operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad en toda la zona.

 

                   

Los procesos de invasión de tierras ya empezaron a lo largo de la nueva carretera, como aquí cerca de Siñari. Foto: SP

 

En relación con lo anterior, en el cerro Nogalani aparecen problemas diversos con la superposición de propiedades privadas y comunidades comunales. Así, quince familias quieren asentarse en terrenos reclamados por la propiedad privada “Sagrado Corazón” y tres familias en el lugar donde se encontraba el antiguo aserradero, llamado “Sacramento Bajo”. Los comunarios de Siñari y los propietarios de Sagrado Corazón se disputan unas 20 ha de terreno cerca a la nueva carretera, con suaves pendientes y una masa boscosa en buen estado de conservación (Sevilla Callejo, 2003). El acceso rápido y seguro que brinda la nueva carretera a las escarpadas vertientes del cerro Nogalani resulta en la afectación de nuevas tierras al sistema tradicional de roza, tumba y quema (Sevilla Callejo, 2003; Sevilla Callejo et al., 2003).

 

Existe también el proyecto de un grupo de diez personas de la ciudad de La Paz, descendientes de habitantes de Sandillani (en el camino del Choro), de asentarse en la zona para vivir de la agricultura y del turismo. La comunidad de San Francisco parece enfrentarse al mismo riesgo, y en Siñari antiguos comunarios, que viven hoy en el área metropolitana de La Paz-El Alto, ya están entrando a cultivar (Sevilla Callejo, 2003). En breve, si bien la administración del área ha logrado detener hasta la fecha el establecimiento de nuevos asentamientos humanos con el apoyo de los residentes del área, se teme que la apertura definitiva de la nueva carretera resulte en el aumento de la presión de colonización. Considerando el nivel de complejidad que la Reforma Agraria de 1953 introdujo en el patrón de tenencia de la tierra en la zona (Robison et al., 2000), el saneamiento de tierras se hace muy urgente.

 

Por último, el Movimiento Sin Tierra (MST) habría manifestado la posibilidad de tomar tierras en la zona aledaña a la carretera nueva, lo cual es fuertemente rechazado por las comunidades existentes (Mamani, com. pers.).

 

Turismo

 

La cercanía a la ciudad de La Paz y un conjunto de factores favorables hacen prever un desarrollo inevitable del turismo en el área de influencia del PN-ANMI Cotapata, y especialmente a lo largo del camino turístico que lo atraviesa. Si bien esto podría generar substanciales ingresos para el parque y las comunidades asentadas, en la ausencia de un manejo adecuado la actividad turística podría convertirse en un problema para el área y en una fuente de conflictos con las comunidades asentadas.

 

Construcción de represas

 

Por otra parte, la región de Cotapata presenta una alto potencial hidroeléctrico. En 1998, la primera empresa productora de electricidad para la ciudad de La Paz, Electropaz, investigó la factibilidad de la construcción de represas en los ríos Chucura y Tiquimani. A pesar del abandono de este proyecto, llamado “Proyecto Hidroeléctrico Coroico”, Electropaz y COBEE poseen todavía grandes concesiones dentro del área protegida y mantienen en la cabecera del valle del Tiquimani un sistema de trasvases hacia el valle del Zongo, usado, allí, como elemento generador de energía. El incremento de la demanda energética de las ciudades de La Paz y El Alto podrían un día dar viabilidad a tales proyectos, que implicarían la alteración de los cursos fluviales y la instalación de tendidos eléctricos, atentando a la belleza paisajística del área.

 

Cultivo de la coca

 

La superficie de cultivos de coca en los Yungas de La Paz se ha incrementado considerablemente en los últimos años. El aumento de la demanda, motivada por la desaparición de cultivos en otras zonas (Chapare), está determinando que el cultivo milenario de la hoja se esté extendiendo en el área protegida como alternativa a otros cultivos ahora en franca decadencia y poca productividad.

 

                  

Plantaciones de coca en la parte baja del área. Al incrementarse su superficie, el cultivo de la coca podría constituirse en una nueva amenaza para el área. Foto: SP

 

__________
 
(1) Proyectos de desarrollo que apuntaban a mejorar las relaciones con la población local y a mejorar las condiciones de vida de la gente, no había una relación directa con necesidades de conservación o compromisos éticos en ese sentido.
 
(2) Se ha calculado la superficie de bosque montano necesaria para mantener una poblacion viable de oso andino en aproximadamente 3100 km² (Gómez, 2003), cuando el área protegida en su totalidad llega apenas a los 600 km².

 

Copyright © 2004 ParksWatch - Todos Derechos Reservados