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Geografía
Contexto Nacional
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Tabla de Áreas Protegidas
Mapa de Áreas Protegidas

Geografía

Bolivia es un país lacustre encuadrado en el centro de Sudamérica. Se comunica al norte y el este con Brasil, al sudeste con Paraguay, al sur con Argentina, y al oeste con Chile y Perú.

El sudeste de Bolivia es dominado por los Andes, que se dividen en dos grandes cordilleras separadas por una ancha meseta conocida como el Altiplano (3.600 msnm de altura promedia y 840 km de largo). La Cordillera Occidental forma frontera con Chile, alcanzando 6.542 msnm en el volcán y nevado Sajama, que es el punto más alto del país. La Cordillera Oriental, de similar altura, corre en dirección noroeste - sudeste y se abre hacia las Tierras Bajas de la cuenca amazónica. En una estrecha franja los valles se hunden en estas inclinaciones orientales que conforman los territorios de Cochabamba, Sucre, y Tarija.

Dos tercios de Bolivia son ocupados por los llanos orientales, que se inclinan gradualmente desde elevaciones de 450 hasta 200 mnsm en las fronteras con Brasil, el Paraguay, y Argentina. Los llanos norteños del Beni, son bañados por los ríos Beni y Mamoré, importantes tributarios de la gran cuenca fluvial Amazónica. Así, el territorio boliviano se divide en tres zonas geográficas distintas:

- La zona andina, que representa 28% del territorio y se caracteriza por su relieve montañoso. Pese a su clima frío y hostil, es la zona más habitada del país.

- La zona subandina (13% del territorio) está constituida sobre todo por valles calientes como el Valle de Cochabamba. El clima es templado-cálido, con temperaturas constantes (20 grados aproximadamente) todo el año.

- Las planicies representan la parte más importante del territorio (56%). Esta zona, compuesta en parte por la cuenca amazónica, está atravesada por númerosos ríos. El clima es tropical, con una temporada seca y una temporada de lluvias.

En el Altiplano las precipitaciones varían desde los 700 mm sobre las costas de Lago Titicaca, que es tan grande y profundo que ejerce un efecto moderador sobre el clima del Altiplano norteño, hasta menos de 125 mm en las partes más australes de la meseta. La zona subandina posee un clima húmedo subtropical, caracterizado por una precipitación anual superior a los 1.250 mm y una humedad alta a lo largo del año. En los llanos orientales el clima es caliente y subtropical, con abundantes precipitaciones estivales en el norte y un clima más seco y templado hacia el sur.


Contexto Nacional

La conservación del medio ambiente y de la naturaleza son temas relativamente recientes en Bolivia, donde es notoria la falta de una adecuada información sobre la importancia, el valor y el sentido práctico de la conservación de los recursos naturales y las áreas protegidas. Tratándose de un tema novedoso para el país, el apoyo político para la conservación de la naturaleza es aún incipiente. Sin embargo, se hace cada día más evidente la preocupación de la gente por el uso y manejo de los recursos naturales y su paulatino agotamiento.

Debido a una ocupación de largo plazo y a una alta densidad poblacional (60% de la población nacional), la región occidental del país (Altiplano y valles interandinos) es la región que presenta el mayor grado de degradación en la vegetación y el suelo. Por sus condiciones mínimas de producción y sus crecientes márgenes de pobreza, es eminentemente expulsora.

La otra región corresponde a la zona receptora de la mayoría de los migrantes, las tierras bajas en el sector oriental del país, que comprenden 440.000 km2 de bosque (57 % del área total de la región), una población de aprox. 3.500.000 de habitantes, conformada por poblaciones indígenas, colonos y empresarios dedicados a actividades agroindustriales, madereras y ganaderas. Mayormente debida al “boom” de la soya, la tasa anual de deforestación en esta región es de 160.000 has/año.

Esta situación, agudizada por la crónica debilidad de las instituciones a cargo del manejo de las áreas protegidas, ha motivado en las dos últimas décadas la llegada al país y la creación de diversas organizaciones conservacionistas apoyando en la consolidación y el manejo de las diversas unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). A principios de 1998 estos esfuerzos se vieron reforzados por la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), primera agencia gubernamental independiente encargada del SNAP con presupuesto autónomo, rápidamente complementado por un financiamiento sustancial del GEF (Fondo Para el Medio Ambiente Mundial).

Sin embargo, la situación delicada e inestable en la cual se encuentra actualmente el país, conformada por una crisis económica de varios años, un escaso desarrollo industrial, dificultades para atraer capitales extranjeros y un contexto internacional complejo y competitivo, implica un peligro latente para los logros alcanzados hasta la fecha, considerando en particular que los intereses de las industrias minera e hidrocarburífera, pilar fundamental de la economía nacional, se sobreponen a muchas áreas protegidas.


Sistema Nacional de Áreas Protegidas

A pesar de haberse creado la primera área protegida en 1939 (Parque Nacional Sajama), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia es uno de los más jóvenes de Latinoamérica. Fue establecido en 1992 a través de la Ley del Medio Ambiente, con el objetivo fundamental de conservar muestras representativas de los principales ecosistemas de Bolivia, y es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP). El SERNAP tiene la responsabilidad de definir e impartir la normatividad y fiscalización correspondiente al manejo de recursos genéticos, biológicos e integrales del país, y de administrar y dar continuidad al Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por Bolivia en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio, 1992) y ratificado en el año 1994.

El Estado boliviano, si bien ha secundado y respaldado la creación de las áreas protegidas, no las apoya financieramente. Más bien, la gestión del SNAP se sustenta casi exclusivamente en fuentes de financiamiento internacionales (GEF, Gobierno de Holanda, KfW, BID, etc.) y en el apoyo y los recursos brindados por organizaciones no gubernamentales (Conservación Internacional, WCS, GTZ, TNC, CARE, WWF, FAN, Trópico, etc).

En la actualidad el sistema cuenta con una veintena de unidades de conservación con una base legal de creación a nivel nacional, abarcando aproximadamente 16,8 millones de ha (15,3% del territorio nacional), las cuales son agrupadas en Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas de Biosfera (categoría todavía no reconocida por la legislación nacional), Reservas de Vida Silvestre y Áreas Naturales de Manejo Integrado; no incluyéndose dentro de estas áreas las Reservas Forestales, las Áreas de Protección de Cuencas, y los Parques y Reservas Departamentales, Regionales y Municipales. Existe una categoría transitoria de Reserva Natural de Inmovilización, la cual obedece a un estado legal transitorio hasta determinar la categoría requerida por el área protegida en base a sus valores y características.

Cada área protegida nacional o departamental debe contar con un Comité de Gestión conformado por representantes de grupos culturales que la habitan y que apoyan en la gestión al director.

Desde su creación, han sido grandes los avances alcanzados en la consolidación del SNAP boliviano. Entre los logros más significativos cabe señalar los avances en la gestión de las áreas en aspectos de: (i) planificación; (ii) estructuración de un sistema de monitoreo y evaluación; (iii) establecimiento de sistemas de protección operacionales; (iv) desarrollo de un programa de capacitación para el personal de protección y dirección; (v) elaboración de lineamientos para el uso público de las áreas protegidas, y; (vi) participación de las diferentes instancias locales en su gestión.

No obstante, existen todavía factores limitantes para la consolidación y sostenibilidad del SNAP, entre los cuales destacan: (i) una falta de coordinación entre las diferentes organizaciones no gubernamentales y con el SERNAP; (ii) una legislación incompleta (falta de una Ley de Áreas Protegidas); (iii) una falta de apoyo político; (iv) un insuficiente conocimiento de los recursos existentes en las áreas protegidas, y; (v) una falta de sostenibilidad financiera.

Tabla de Áreas Protegidas
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