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Geografía
Bolivia
es un país lacustre encuadrado en el centro de Sudamérica. Se
comunica al norte y el este con Brasil, al sudeste con Paraguay, al sur con
Argentina, y al oeste con Chile y Perú.
El sudeste de Bolivia es dominado por
los Andes, que se dividen en dos grandes cordilleras separadas por una ancha
meseta conocida como el Altiplano (3.600 msnm de altura promedia y 840 km de
largo). La Cordillera Occidental forma frontera con Chile, alcanzando 6.542
msnm en el volcán y nevado Sajama, que es el punto más alto del
país. La Cordillera Oriental, de similar altura, corre en dirección
noroeste - sudeste y se abre hacia las Tierras Bajas de la cuenca amazónica.
En una estrecha franja los valles se hunden en estas inclinaciones orientales
que conforman los territorios de Cochabamba, Sucre, y Tarija.
Dos tercios de Bolivia son ocupados
por los llanos orientales, que se inclinan gradualmente desde elevaciones de
450 hasta 200 mnsm en las fronteras con Brasil, el Paraguay, y Argentina. Los
llanos norteños del Beni, son bañados por los ríos Beni
y Mamoré, importantes tributarios de la gran cuenca fluvial Amazónica.
Así, el territorio boliviano se divide en tres zonas geográficas
distintas:
- La zona andina, que representa 28% del territorio y se caracteriza
por su relieve montañoso. Pese a su clima frío y hostil, es la
zona más habitada del país.
- La zona subandina (13% del territorio) está constituida
sobre todo por valles calientes como el Valle de Cochabamba. El clima es templado-cálido,
con temperaturas constantes (20 grados aproximadamente) todo el año.
- Las planicies representan la parte más importante
del territorio (56%). Esta zona, compuesta en parte por la cuenca amazónica,
está atravesada por númerosos ríos. El clima es tropical,
con una temporada seca y una temporada de lluvias.
En el Altiplano las precipitaciones varían
desde los 700 mm sobre las costas de Lago Titicaca, que es tan grande y profundo
que ejerce un efecto moderador sobre el clima del Altiplano norteño,
hasta menos de 125 mm en las partes más australes de la meseta. La zona
subandina posee un clima húmedo subtropical, caracterizado por una precipitación
anual superior a los 1.250 mm y una humedad alta a lo largo del año.
En los llanos orientales el clima es caliente y subtropical, con abundantes
precipitaciones estivales en el norte y un clima más seco y templado
hacia el sur.
Contexto Nacional
La conservación del medio ambiente
y de la naturaleza son temas relativamente recientes en Bolivia, donde es notoria
la falta de una adecuada información sobre la importancia, el valor y
el sentido práctico de la conservación de los recursos naturales
y las áreas protegidas. Tratándose de un tema novedoso para el
país, el apoyo político para la conservación de la naturaleza
es aún incipiente. Sin embargo, se hace cada día más evidente
la preocupación de la gente por el uso y manejo de los recursos naturales
y su paulatino agotamiento.
Debido a una ocupación de largo
plazo y a una alta densidad poblacional (60% de la población nacional),
la región occidental del país (Altiplano y valles interandinos)
es la región que presenta el mayor grado de degradación en la
vegetación y el suelo. Por sus condiciones mínimas de producción
y sus crecientes márgenes de pobreza, es eminentemente expulsora.
La otra región corresponde a
la zona receptora de la mayoría de los migrantes, las tierras bajas en
el sector oriental del país, que comprenden 440.000 km2 de bosque (57
% del área total de la región), una población de aprox.
3.500.000 de habitantes, conformada por poblaciones indígenas, colonos
y empresarios dedicados a actividades agroindustriales, madereras y ganaderas.
Mayormente debida al “boom” de la soya, la tasa anual de deforestación
en esta región es de 160.000 has/año.
Esta situación, agudizada por
la crónica debilidad de las instituciones a cargo del manejo de las áreas
protegidas, ha motivado en las dos últimas décadas la llegada
al país y la creación de diversas organizaciones conservacionistas
apoyando en la consolidación y el manejo de las diversas unidades del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). A principios de 1998 estos esfuerzos
se vieron reforzados por la creación del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), primera agencia gubernamental independiente
encargada del SNAP con presupuesto autónomo, rápidamente complementado
por un financiamiento sustancial del GEF
(Fondo Para el Medio Ambiente Mundial).
Sin embargo, la situación delicada
e inestable en la cual se encuentra actualmente el país, conformada por
una crisis económica de varios años, un escaso desarrollo industrial,
dificultades para atraer capitales extranjeros y un contexto internacional complejo
y competitivo, implica un peligro latente para los logros alcanzados hasta la
fecha, considerando en particular que los intereses de las industrias minera
e hidrocarburífera, pilar fundamental de la economía nacional,
se sobreponen a muchas áreas protegidas.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
A pesar de haberse creado la primera
área protegida en 1939 (Parque Nacional Sajama), el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia es uno de los más jóvenes
de Latinoamérica. Fue establecido en 1992 a través de la Ley del
Medio Ambiente, con el objetivo fundamental de conservar muestras representativas
de los principales ecosistemas de Bolivia, y es administrado por el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP). El SERNAP tiene la responsabilidad
de definir e impartir la normatividad y fiscalización correspondiente
al manejo de recursos genéticos, biológicos e integrales del país,
y de administrar y dar continuidad al Convenio
sobre la Diversidad Biológica, suscrito por Bolivia en la Cumbre
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio, 1992) y
ratificado en el año 1994.
El Estado boliviano, si bien ha secundado
y respaldado la creación de las áreas protegidas, no las apoya
financieramente. Más bien, la gestión del SNAP se sustenta casi
exclusivamente en fuentes de financiamiento internacionales (GEF, Gobierno de
Holanda, KfW, BID, etc.) y en el apoyo y los recursos brindados por organizaciones
no gubernamentales (Conservación Internacional, WCS, GTZ, TNC, CARE,
WWF, FAN, Trópico, etc).
En la actualidad el sistema cuenta con
una veintena de unidades de conservación con una base legal de creación
a nivel nacional, abarcando aproximadamente 16,8 millones de ha (15,3% del territorio
nacional), las cuales son agrupadas en Parques Nacionales, Reservas Nacionales,
Reservas de Biosfera (categoría todavía no reconocida por la legislación
nacional), Reservas de Vida Silvestre y Áreas Naturales de Manejo Integrado;
no incluyéndose dentro de estas áreas las Reservas Forestales,
las Áreas de Protección de Cuencas, y los Parques y Reservas Departamentales,
Regionales y Municipales. Existe una categoría transitoria de Reserva
Natural de Inmovilización, la cual obedece a un estado legal transitorio
hasta determinar la categoría requerida por el área protegida
en base a sus valores y características.
Cada área protegida nacional o
departamental debe contar con un Comité de Gestión conformado
por representantes de grupos culturales que la habitan y que apoyan en la gestión
al director.
Desde su creación, han sido grandes
los avances alcanzados en la consolidación del SNAP boliviano. Entre
los logros más significativos cabe señalar los avances en la gestión
de las áreas en aspectos de: (i) planificación; (ii) estructuración
de un sistema de monitoreo y evaluación; (iii) establecimiento de sistemas
de protección operacionales; (iv) desarrollo de un programa de capacitación
para el personal de protección y dirección; (v) elaboración
de lineamientos para el uso público de las áreas protegidas, y;
(vi) participación de las diferentes instancias locales en su gestión.
No obstante, existen todavía factores
limitantes para la consolidación y sostenibilidad del SNAP, entre los
cuales destacan: (i) una falta de coordinación entre las diferentes organizaciones
no gubernamentales y con el SERNAP; (ii) una legislación incompleta (falta
de una Ley de Áreas Protegidas); (iii) una falta de apoyo político;
(iv) un insuficiente conocimiento de los recursos existentes en las áreas
protegidas, y; (v) una falta de sostenibilidad financiera.
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